El despacho de abogados Martínez-Echevarria ha presentado este jueves el 'Barómetro Jurídico sobre procesos concursales 2005-2012', donde se pone de manifiesto el aumento de estos procedimientos de forma exponencial, multiplicándose por ocho en la región andaluza, de 142 en 2005 a 1.156 en 2012, mientras que en el ámbito nacional se ha pasado de los 1.301 del año 2005 hasta los 9.632 presentados en este ejercicio, de los que el 12,5 por ciento corresponden a Andalucía.

El barómetro jurídico ha sido presentado en Córdoba por el director general del despacho, Vicente Morató, acompañado del responsable de Mercantil de la firma, Francisco Gallardo, quienes han señalado "la grave situación del tejido empresarial y la enorme carga de los juzgados de lo mercantil", que "en ningún caso pueden asumir esta situación con los medios previstos".

En el caso de la provincia de Córdoba, los procesos han pasado de 14 en el año 2005 hasta los 94 que se estiman para este año 2012. Siendo "muy significativo" el incremento ofrecido en el año 2009 que superó los cien procesos, para iniciar un descenso en el año 2010 y volver a incrementarse en los periodos sucesivos de 2011 y 2012.

Este hecho demuestra "la notable incidencia de la crisis en su escalada", y además pone de manifiesto "la insuficiencia del sistema judicial para poder atenderlo, ya que solo en la comunidad autónoma, hay pendientes por resolver unos 3.120 expedientes".

No obstante, la capacidad de los juzgados en la región para resolver estos procesos "ha mejorado notablemente, aunque es insuficiente", ya que desde el año 2005 que se resolvieron 40 expedientes, en el año 2012 se han resuelto 372, lo que significa que han multiplicado su capacidad de resolución por nueve.

Para el responsable del despacho, Vicente Morató, "el barómetro jurídico pretende ser un instrumento que solo ofrece una radiografía del panorama mercantil en estos momentos a nivel nacional, en Andalucía y en la provincia cordobesa", de modo que son cifras y datos que "reflejan lo que muchos pensamos y que la situación es compleja, pero también hay que señalar que si los procesos concursales se plantean con antelación, y tomamos medidas previas, será posible plantear alternativas y viabilidad del tejido empresarial".

El responsable del área Mercantil, Francisco Gallardo, señala que "dada estas circunstancias se aconseja que las empresas no esperen hasta el último momento para presentar el concurso y que lo hagan al primer síntoma de impago, ya que sin duda ante el grave colapso judicial y el retraso en plantear un proceso concursal por parte de las empresas imposibilitan su continuidad".

Situación en la provincia de córdoba

Si se trasladan las cifras del Barómetro Jurídico Martínez-Echevarría a la provincia de Córdoba, se observa que en 2012 se han presentado 94 procesos concursales, y un incremento porcentual de ocho puntos desde el año 2005. Están pendientes de resolución 38 procesos, siendo la provincia cordobesa "una de las más resolutivas, ya que al año va resolviendo una media del 50% de los procesos presentados, salvo en el ejercicio 2011 y 2012, con un mayor incremento de procesos y menor intensidad en la resolución de los mismos".

En el caso de Córdoba se observa "un comportamiento diferente al nacional y andaluz", pues es 2009 el año con mayor número de casos presentados. Así, de 2007 a 2009 se multiplica por cinco el número de expedientes presentados al año —de 19 en 2007 a 101 en 2009—. Mientras que en 2010 el número se reduce a casi la mitad, volviendo a crecer de nuevo pero sin haber alcanzado aun la cifra máxima de 101 expedientes de 2009. Es posible que este comportamiento se explique por efecto de "las primeras refinanciaciones bancarias cuyas respuestas se dejan notar en 2010 y siguientes ejercicios, evitando el concurso a las empresas refinanciadas".

Conclusiones y recomendaciones

Desde el despacho de abogados explican que "la situación económica ha provocado que en cinco años se hayan multiplicado por seis el número de empresas que se ven inmersas en procedimientos concursales, la mayoría de forma voluntaria". Este incremento unido a "la falta de refuerzos" ha provocado "una saturación" de los juzgados mercantiles, a pesar del "notable esfuerzo realizado".

Al respecto, esta situación "perjudica" a las empresas que recurren al procedimiento, pues "al alargarse minora las posibilidades de éxito dado que no llega a concluirse en tiempo razonable el convenio con acreedores, lo que se traduce en un progresivo desangrado de las empresas con lo que el procedimiento puede terminar con su liquidación".

Ante ello, Martínez-Echevarría recomienda a las empresas en su estrategia a la hora de afrontar con éxito el proceso concursal, "la anticipación a la situación, empezando a preparar el procedimiento cuando se tenga conocimiento de que la empresa va a empezar a incumplir sus obligaciones de pago"; "el rigor, avisando a los proveedores con tiempo de que se va incurrir en impago, explicando las dificultades y ofreciendo una solución colaborativa".

Igualmente, aconseja "asesoramiento profesional, recurriendo desde el principio a un asesoramiento jurídico sólido y solicitando acompañamiento profesional en todas las fases del procedimiento incluyendo las negociaciones y obviamente la plasmación documental de los acuerdos alcanzados"; así como "rapidez, optando por un procedimiento preconcursal en el que con carácter previo se hayan alcanzado todos los acuerdos entre empresa y acreedores para su presentación de mutuo acuerdo en el juzgado, facilitando y agilizando la labor del juez que encuentra el convenio ya prácticamente ultimado".

Entretanto, Morató asegura que "todas estas cifras evidencia la necesidad de dotar al sistema jurídico mayores instrumentos que permitan agilizar los procedimientos", ya que, a su juicio, "la situación de las empresas ante esta situación empeora de forma evidente, y provoca que se agrave más la situación".