La Audiencia Nacional decidirá "en los próximos días" si aparta del caso Sintel a los órganos de la quiebra de la compañía —antigua filial de Telefónica quebrada en 2001—, lo que facilitaría la materialización de un acuerdo entre los acusados y los trabajadores sin necesidad de juicio.

Según han explicado representantes legales de los trabajadores y la acusación, en la vista preliminar celebrada este lunes se han abordado varias cuestiones técnicas, entre ellas la posibilidad de apartar del caso a los órganos de la quiebra (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Fogasa y Telefónica).

Los trabajadores defienden que estos órganos no existen desde 2003, por lo que no tienen derecho ni a estar en el caso ni a participar en el reparto de las posibles indemnizaciones. Esta es una cuestión importante, ya que los órganos de la quiebra constituyen el único escollo que queda para hacer valer el acuerdo alcanzado este verano entre los trabajadores y los acusados.

Según este acuerdo privado, los acusados entregarían 35 millones de euros en concepto de indemnización a los trabajadores a cambio de que estos retiraran los cargos. Sin embargo, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social pusieron reparos, al considerar que esta compensación debía ser incluida en la masa de la quiebra y repartirse entre todos los acreedores.

Así, si se retira del caso a los órganos de la quiebra, así como todas las aportaciones realizadas hasta ahora, no habrá impedimento alguno para que se aplique el acuerdo. Dicho acuerdo no está todavía cerrado ya que, según los abogados de la acusación, "continúan las negociaciones".

Uno de los abogados de los trabajadores, José Manuel Chinchilla, ha indicado que la negociación "subyace" al procedimiento judicial y que el presidente de la mesa "es consciente" de que las partes intentan alcanzar un acuerdo y "superar los obstáculos".

En su opinión, tras once años de caso, "solamente queda por resolver el problema de los trabajadores", es decir, las indemnizaciones, porque estos "son los que de verdad han sufrido". De la misma manera, otro de los abogados de los trabajadores, Antonio Prada, ha dicho que "quedan algunos flecos" para cerrar el trato, y ha destacado que aunque la indemnización total "parece enorme" en realidad cada exempleado va a recibir alrededor de 15.000 euros.

Ha añadido que el Tribunal está "tratando de facilitar que el acuerdo se materialice" y, en ese sentido, se espera una resolución para los próximos días. En 1996, Telefónica vendió su filial Sintel al grupo estadounidense MasTec Incorporated -propiedad de la familia Mas Canosa- por 4.900 millones de pesetas (algo menos de 30 millones de euros).

A partir de entonces, según la acusación, los nuevos propietarios iniciaron un proceso de vaciamiento patrimonial que la llegó a la quiebra en 2001 con un déficit de 59,3 millones de euros, lo que dejó a 1.788 acreedores pendientes de cobro y a 1.828 trabajadores en el paro.

Entre los acusados figuran cuatro españoles: el exconsejero y vicepresidente de Sintel, Ricardo Campos; el exconsejero delegado de la compañía Juan Antonio Casanova; el ex consejero y ex apoderado de Sintel Alfredo Flórez, y su exdirector financiero, Pedro José Novela.

Además están acusados el exconsejero de Sintel y de MasTec International Joel Tomas; el exvicepresidente de MasTec Incorporated, José Miguel Sariego; el que fuera presidente de MasTec Incorporated y ex presidente de Sintel, Jorge Mas Santos, y su hermano Juan Carlos Mas Santos, exconsejero de MasTec International y de Dintel.

El juicio por la quiebra de Sintel se celebra once años después de que Sintel fuera declarada en suspensión de pagos en 2001 con un déficit de 59,3 millones de euros. Telefónica, presidida entonces por el recientemente fallecido Cándido Velázquez, vendió la empresa en abril en 1996 al grupo estadounidense MasTec Incorporated por 4.900 millones de pesetas (algo menos de 30 millones de euros).

En julio de 2001, la Audiencia Nacional admitió a trámite unaquerella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los presuntos responsables de la quiebra de Sintel y en 2007 procesó a los ocho imputados.

Según los escritos de la acusación, desde el momento de la venta los entonces responsables de la compañía fueron "descapitalizando" Sintel, que había sido fundada en 1975, a través de varias sociedades, algunas de las cuales podrían estar domiciliadas en paraísos fiscales.