El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la Ley de autoridad del profesorado en la Comunidad autónoma, con el apoyo de los grupos que sostienen al Gobierno autonómico, PP y PAR, y el rechazo de los grupos de la oposición, PSOE, CHA e IU, legislación que considera a los docentes como autoridad pública y contempla la presunción de veracidad del profesor.

La diputada del Partido Popular (PP), María José Ferrando, ha asegurado que "informes objetivos" y "datos de la comunidad educativa", así como sentencias judiciales "avisan de la urgente necesidad de evitar el desorden y falta de respeto en las aulas", con una ley "concisa, directa y responsable". Al respecto, ha apuntado que "a nivel autonómico, únicamente se pretende complementar la insuficiencia del Código Penal, que solo contempla la violencia de alta intensidad".

En este sentido, ha precisado que según los datos del Defensor del Profesor del sindicato ANPE, cerca del 45 por ciento de las denuncias se derivaban de problemas a la hora de dar clase y el "ambiente ha mejorado notoriamente en las Comunidades autónomas donde se ha aprobado una ley o un decreto para defender la autoridad del profesorado".

En ellas, "las bajas laborales han pasado del 14 al 10 por ciento, los estados de ansiedad se han reducido dos puntos y las depresiones se han reducido del 19 al 13 por ciento", para concluir que con esta ley "se beneficiará a la comunidad educativa y, fundamentalmente, a los alumnos" porque permitirá "desarrollar el derecho a la educación, el derecho a aprender y el derecho a enseñar", y se caminará hacia una "educación de calidad".

La diputada del PSOE, Maite Pérez, ha estimado "innecesaria, improcedente e inoportuna" la ley porque "ya se reconoce la autoridad en las distintas normativas que tenemos", en ella "no se refleja" una apuesta por el "pacto y el diálogo", sino que "generará más problemas de los que resolverá" y es un "sarcasmo y provocación en toda regla" porque se aprueba a la vez que se reduce el presupuesto de educación para 2013 del 14 por ciento, con un texto elaborado "al margen de los profesores".

A su entender, el reconocimiento del profesorado se consigue "disminuyendo" el número de alumnos por aula, "respetando a sus representantes, impulsando una política de estabilidad convocando oposiciones, contando con infraestructuras en condiciones, respetando su autonomía y horario, facilitando su formación permanente", en vez de "con mil profesores menos este curso, más alumnos en las aulas y un recorte de más del 40 por ciento en su formación", con lo que la Administración "no está dando un buen ejemplo de respeto".

En contra y punto

La diputada del PAR, María Herrero, ha comentado que "la comunidad educativa estuvo mayoritariamente a favor cuando se presentó en sus inicios" esta ley, pero, "hay determinadas" propuestas que "según de quien vienen, se está en contra y punto", algo que "no sé si hace mucho bien a la sociedad", para defender una ley que "no hace mal a nadie y, en algunos casos, puede dar un paso adelante en positivo en esta cuestión", para opinar que "el problema de la disciplina escolar no está en la escuela".

El parlamentario de CHA, Gregorio Briz, ha argumentado que "no se puede educar con amenazas" y ha vaticinado que la presunción de veracidad del profesor "va a judicializar la vida educativa" porque "es un exceso, es antidemocrático" ya que "no siempre el profesor tiene la razón". Igualmente, ha rechazado que se sancione el "incumplimiento de deber de colaboración" y se propicie un sistema "anticuado", "jerárquico y autoritario".

El parlamentario ha estimado que la Carta de derechos y deberes "aprobada hace poco tiempo que era una buena herramienta para conciliar la convivencia en los centros" y ha precisado que la autoridad se logra "a través del prestigio de la actividad profesional diaria" y facilitando "más recursos, en vez de recortar en plantillas, programas e instalaciones" y con formación.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha sostenido que esta ley "tiene claras connotaciones fascistas de Estado totalitario" y "atenta contra la calidad democrática de la sociedad", como el hecho de que "el alumno va a estar obligado a pedir perdón si se ha equivocado, va mal vestido o ha tenido un comportamiento inadecuado" y el profesor "siempre tiene razón" y si el alumno o los padres no están de acuerdo "tendrán que acabar en el juzgado".

"Los problemas se pueden resolver con los planes de convivencia y no con la porra y el pito", ha esgrimido Barrena, para rechazar "que la familia tiene la obligación de dar datos personales que el centro crea que puedan ser necesarios" en un caso de conflicto, cuando existe el derecho de protección de datos. También ha advertido de la inseguridad jurídica que supone nombrar como autoridad pública a los docentes de la escuela privada, que no son funcionarios.