Izquierda Unida presentó este miércoles en los juzgados de la plaza de Castilla una querella criminal contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por las identificaciones y posteriores sanciones a convocantes y participantes en protestas como las de 'Rodea el Congreso'.

La querella relata que el 27 de octubre, día en el que manifestaron cientos de ciudadanos, convocados por el movimiento 25-S, entre Plaza de España y Plaza de Neptuno, la Policía Nacional identificó a cientos de personas "con la amenaza de que de no hacerlo serían detenidas" y pese a que no se estaba registrando "ni un solo incidente violento ni daño alguno sobre personas o bienes".

La querella lleva adjunto un vídeo en el que el secretario general del sindicato policial SIPE, Alfredo Perdiguero, declara que desde el Gobierno se está obligando a los agentes a realizar "identificaciones masivas e indiscriminadas". También incluye declaraciones de la propia Cifuentes en una entrevista en Telemadrid. En la misma, según los denunciantes, "admitió públicamente la existencia de un listado de supuestos manifestantes inconformistas con el sistema actual".

Los diputados Ricardo Sixto y Alberto Garzón fueron los encargados de acudir a la sede judicial a presentar el escrito, en el que el partido argumenta que Cifuentes ha cometido los delitos de prevaricación (artículo 404 del Código Penal), falsedad documental (390.1) y vulneración de la Constitución (artículo 542) por firmar sanciones contra personas que acuden a protestas comunicadas aunque no por la vía oficial y a pesar de que ninguna concentración está sometida a autorización previa.

En las cartas en que se notifica la propuesta de sanción, apuntó Sixto, se asegura que los afectados participaban en una manifestación "ilegal", cuando, a juicio de IU, ese concepto no puede aplicarse. Otras personas han recibido sanciones no por participar, sino porque se encontraban en la zona y pasaron o atravesaron la manifestación para dirigirse a sus destinos.

"En ningún caso una manifestación no comunicada equivale a ilegal", afirmó, Sixto, aunque para la Delegación del Gobierno la comunicación por vía oficial y conducto reglamentado —un escrito presentado ante la sede de la Delegación— es ineludible. Según Garzón, "quieren hacer creer que hay manifestaciones ilegales". " El redactado de la multa tiene el objetivo de engañar a la ciudadanía para meterle miedo", añadió.

La Delegación del Gobierno también ha multado a periodistas o fotógrafos que registraron las cargas policiales de los antidisturbios en los andenes de la estación de Atocha el 25-S.

Los dos diputados que entregaron la querella anunciaron que presentarán denuncias similares contra delegados de otras comunidades como Andalucía, Valencia o Castilla La-Mancha. Por ello, han decidido colgar en la página web de Izquierda Unida un modelo de recurso para los ciudadanos expedientados.

Alberto Garzón recalcó que su partido recoge así "lo mejor que han hecho otros movimientos sociales previamente, como la Comisión de Legal del 15-M", que se dedica a auxiliar a los sancionados.