El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón ha registrado una proposición de ley para regular la renta social básica, que garantizaría unos "ingresos mínimos" a unas 10.000 familias.

El presidente del Grupo, Javier Lambán, ha presentado en rueda de prensa esta iniciativa legislativa, que prevé que la Comunidad autónoma pague mensualmente entre 450 y 600 euros de media a las personas que estén en riesgo de exclusión. Se sumarían los ciudadanos excluidos que actualmente cobran el ingreso aragonés de inserción (IAI).

De aprobarse la proposición de ley, el cobro de la renta social básica será compatible con las rentas del trabajo cuando estas sean inferiores a la cuantía mensual de la ayuda pública. Los beneficiarios deberán llevar al menos un año inscritos en el padrón municipal.

Será —de aprobarse— inembargable, los titulares serán prioritariamente mayores de 18 años y no podrán estar alojados de forma permanente en residencias de carácter social o sanitario financiadas con fondos públicos, excepto las mujeres maltratadas o abandonadas y los jóvenes que residan en viviendas de emancipación.

La renta social básica se inspirará en los principios generales del Sistema Público de Servicios Sociales, especialmente la responsabilidad pública, la equidad, la dimensión comunitaria, la atención personalizada y continuada, la coordinación, la cooperación y la transversalidad. También la igualdad, la solidaridad y la subsidiariedad.

Javier Lambán ha explicado que esta propuesta se sitúa en la línea de la gestión del anterior Gobierno autónomo, el del socialista Marcelino Iglesias, que planteaba la renta básica en la Ley de Servicios Sociales y el catálogo de prestaciones que la desarrolló.

"acción prioritaria"

"En las últimas semanas hemos conocido cifras absolutamente pavorosas de la realidad social de nuestra comunidad", ha dicho el presidente del Grupo Socialista, quien ha traído a colación los informes de la Marea Naranja según los cuales el 50 por ciento de los aragoneses tienen problemas para llegar a fin de mes, el 25 por cien de las personas mayores están en el umbral de la pobreza, hay ciudadanos que no pueden comprar los medicamentos que necesitan, escolares sin beca de comedor y libros y en torno a 10.000 familias que no tienen ningún ingreso.

Afrontar esta situación debe ser la "acción prioritaria" de los poderes públicos, ha continuado Javier Lambán, quien ha considerado que el IAI está "superado" por ser una prestación propia de "momentos económicos mejores" que estaba orientada a apoyar a personas excluidas.

Ahora la situación es "absolutamente distinta" ya que los afectados por el empeoramiento de la economía son "familias que no tienen absolutamente ningún problema para estar insertas en la sociedad" y que están excluidas "como consecuencia de la crisis", al perder cualquier ingreso.

Lambán, también secretario general del PSOE-Aragón, ha argumentado que "los derechos socioeconómicos son el estadio final del desarrollo de cualquier democracia" y que la libertad, la dignidad y cualquier concepto de ciudadanía están indisolublemente unidos a los derechos socioeconómicos.

"No estamos planteando algo que esté fuera del alcance de los Presupuestos de la Comunidad autónoma", sino que este es "un planteamiento realista" que no tiene "ningún tipo de desmesura".

"No es una cuestión relacionada con la beneficencia, sino que significa la implantación de un derecho subjetivo" para evitar la exclusión. Lambán ha expresado que "Aragón es una comunidad rica, está en mejor situación socioeconómica que la mayor parte de las comunidades" y "puede asumir un gasto de esta naturaleza; tiene la obligación de hacerlo".

"SOLIDARIDAD"

El presidente del Grupo Socialista ha agregado que Aragón no solo debe aspirar a ser líder en el terreno de la investigación, sino también "en el terreno de la solidaridad".

Además el Grupo Socialista presentará este martes una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013 para incrementar la dotación de 21 millones de euros con otros 23 millones para poner en marcha la renta social básica.

Con la aprobación de la renta social básica el Gobierno regional podrá "redimirse" del "sinfín de tropelías" que a juicio de Lambán ha realizado en materia socioeconómica.