El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) ha presentado un recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de aprobación definitiva del plan parcial de ordenación de Los Merinos Norte. La alcaldesa, María de la Paz Fernández, y el edil de Obras, Daniel Ángel Harillo, han criticado la actitud "incoherente" de la Junta de Andalucía, que no ha recurrido la resolución.

El contencioso-administrativo fue interpuesto en su día por el Ayuntamiento del municipio malagueño de Cuevas del Becerro. Tanto Fernández como el delegado municipal de Obras y Urbanismo han explicado este miércoles que aunque la administración andaluza ha decidido finalmente no recurrir la sentencia, el Ayuntamiento sí actuará ya que "estamos legitimados para ello, ya que somos parte demandada".

Al respecto, han criticado a la Junta por su actitud "incoherente, incongruente y poco responsable", puesto que fue el Gobierno autónomo, a través de la Comisión Provincial de Urbanismo, "el que aprobó de forma definitiva este proyecto y existe una responsabilidad patrimonial de cerca de 500 millones de euros de todos los andaluces".

Han mostrado su malestar por el "silencio" que ha mantenido el ejecutivo andaluz en este tema, ya que "no han tenido la decencia política de informarnos de su decisión de no recurrir y nos hemos tenido que enterar por una diputada de IU que se desplazó a Ronda y habló de ello a los medios de comunicación". Tanto la regidora como el edil han señalado que "el PSOE se ha convertido de un rehén de IU y se ha vendido al mejor postor para poder seguir en el sillón".

Además de recurrir, el Consistorio "no descarta actuar judicialmente contra la Junta de Andalucía por daños y perjuicios", han precisado los responsables municipales, que han puntualizado que "no entendemos el silencio y la cobardía de los socialistas que, en este tema, como en otros, han vuelto a engañar a los rondeños". Han recordado que "los anteriores alcaldes y gobiernos locales del PSOE siempre apostaron por este proyecto y le dieron trámite".

Base del recurso de casación

Los servicios jurídicos municipales han basado los argumentos del recurso de casación, presentado este pasado martes día 4, en el hecho de que en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la promotora, estaba previsto hacer viable la utilización de los recursos hídricos propios con la creación de una infraestructura para la conducción del agua.

También se argumenta que la sentencia del TSJA se apoya en un informe de la Consejería de Medio Ambiente que fue emitido en febrero de 2006, sobre una normativa legal que no estaba en vigor en el año 1995, que fue cuando se aprobó dicho plan parcial. "Ello va en contra del principio de temporalidad de las normas, ya que se atiende a un alegato efectuado más de 10 años después, lo que justifica que la sentencia sea recurrida y anulada", se mantiene en el recurso.