El Gobierno gallego pondrá a disposición de familias desahuciadas en la Comunidad unas 200 viviendas de promoción pública vacías y próximas a su lugar de residencia y, en el caso de que dichos inmuebles no se estén ubicados en un entorno cercano a la vivienda habitual a cuya hipoteca no se pudo hacer frente, activará un programa de alquiler. En total, programa de realojo de la Xunta contempla unos 500 beneficiarios.

Conforme a lo comprometido por el presidente, Alberto Núñez Feijóo, en su discurso de investidura, el primer Consello de la Xunta ordinario de su nuevo mandato ha autorizado este miércoles el acuerdo por el que se fija que las familias desahuciadas con rentas inferiores a "una vez el Iprem" —532,5 euros para 2012— tendrán acceso gratuito a inmuebles cedidos por el Gobierno gallego.

La medida será de aplicación "inmediata" en el caso de la adjudicación de viviendas de promoción pública disponibles hasta el día de hoy en Galicia, que suman casi 150. Asimismo, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) trabaja en la elaboración de la orden que permitirá a las personas y familias afectadas por los desahucios acceder a las viviendas del 'Programa Aluga'.

Tras reivindicar que la Xunta está decidida a "reforzar el apoyo" a los más desfavorecidos, Feijóo ha concretado que los beneficiarios deberán cumplir dos requisitos fundamentales: que los ingresos no sean superiores a 2,5 veces el Iprem y que se trate de la ejecución hipotecaria de su única vivienda.

Además, tendrán prioridad en la adjudicación de estas viviendas las familias numerosas, las monoparentales con hijos a cargo, aquellas en la que uno de sus miembros tenga declarada discapacidad, dependencia o enfermedad que incapacite para realizar una actividad laboral, aquellas en las que el debedor hipotecario esté en el paro y cuando haya una víctima de violencia machista.

Ocupación temporal o alquiler

En la actualidad, la Xunta dispone de casi 150 viviendas de promoción pública vacantes y, además, podría destinarse a este programa un 10 por ciento de las viviendas de este tipo que están en construcción y cuya finalización está prevista a partir de 2013, de forma que se podrían sumar "a corto plazo" otras 46 viviendas.

Al margen de los criterios de prioridad, la adjudicación de estos inmuebles se realizará en función de los ingresos económicos de los afectados por el problema de los desahucios. Si son inferiores a una vez el Iprem —532,5 euros—, la adjudicación se realizará en régimen de ocupación temporal (sin coste de alquiler) por un plazo inicial "de un año renovable como máximo hasta dos años".

En el caso de que los ingresos estén entre una y 2,5 veces el Iprem, la adjudicación será en régimen de alquiler mediante el pago de las rentas establecidas en el decreto que regula las viviendas de promoción pública y que puede estimarse entre los 80 y 150 euros mensuales, en función de las características de la vivienda y de los ingresos familiares.

PROGRAMA 'ALUGA'

Por otra parte, el Gobierno gallego también ha acordado iniciar la tramitación para implantar medidas complementarias al amparo del 'Programa Aluga', al que se recurrirá "exclusivamente cuando no se disponga de viviendas de promoción pública" o estas no se adapten a las necesidades de la familia afectada.

Las familias realojadas a través de este plan se beneficiarán de las viviendas en régimen de alquiler subvencionado en función de los ingresos, siempre dentro del límite del 2,5 por ciento del Iprem.

Menos casos en galicia

En su intervención, Feijóo ha recordado que la Xunta, en el marco de sus competencias, ya introdujo medidas específicas en la Lei de Vivenda dirigidas a paliar los efectos de las ejecuciones hipotecarias. Además, ya destinaba viviendas de promoción públicas al realojo de familias "en situación de desamparo o con especiales dificultades". Así, desde 2009, casi 60 familias fueron realojadas en viviendas de promoción pública.

Además, en base a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Núñez Feijóo ha defendido que Galicia no es "de las comunidades más afectadas" por el problema de las ejecuciones presupuestarias, que han experimentado "una reducción progresiva" en 2010 y 2011 con respecto a 2009.

En la primera mitad de 2012, las ejecuciones hipotecarias en Galicia supusieron un 2,74 por ciento del total de España, por lo que el porcentaje de este tipo de procedimientos está "por debajo de lo que correspondería" a la Comunidad gallega en función de su población.

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