El comité español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés) ha lamentado este miércoles la invocación "partidista y sectaria" de este organismo y de la Unesco en la polémica suscitada cuenta de la renuncia de 'La Caixa' a su compromiso de restaurar las Reales Atarazanas de Sevilla, construidas en 1252 y declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), e instalar en ellas un espacio cultural 'Caixafórum'.

La Junta de Andalucía, como es sabido, acordó en 2008 con la 'Fundación La Caixa' la cesión durante 75 años del antiguo recinto de las Reales Atarazanas, de titularidad autonómica y declaradas Bien de Interés Cultural, al objeto de que la entidad bancaria rehabilitase el monumento y crease allí un nuevo espacio cultural. A tal efecto, 'La Caixa' encargó al arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra que diseñase la necesaria propuesta de intervención en el monumento. El proyecto de Vázquez Consuegra, autorizado por la Comisión provincial de Patrimonio Histórico, implicaba una inversión de 25 millones de euros para la restauración y adaptación del monumento.

La renuncia de '

La caixa'

Pero finalmente, la 'Fundación La Caixa' ha decidido no materializar en las Reales Atarazanas su proyecto de centro cultural. Tras no prosperar la iniciativa en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, que reclama un plan especial que la Junta de Andalucía cree innecesario pese a figurar en el planeamiento urbano, la entidad bancaria ha resuelto instalar su centro cultural en el complejo de la torre de 178 metros de altura que, desde hace años, promueve en el sector sur de la Isla de la Cartuja la caja de ahorros Cajasol, recientemente fagocitada por 'Caixabank'.

La decisión de 'La Caixa' ha provocado un intenso debate público en el que tanto la Fundación Museo Atarazanas, como el propio Ayuntamiento de Sevilla, han cargado contra el proyecto de Vázquez Consuegra pese a que anteriormente aceptaban este diseño, toda vez que el arquitecto, respaldado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, defiende que su proyecto de intervención no vulnera ninguna normativa, respeta el monumento y cuenta con todos los parabienes.

Las alusiones a la unesco

Dadas las voces que han argumentado que la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco) retiraría a la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, la declaración de Patrimonio Mundial de la que gozan si prospera el proyecto intervención de las Reales Atarazanas, la presidenta del comité español de Icomos, María Rosa Suárez-Inclán Ducassi, ha emitido este miércoles desde Madrid un comunicado con varias aclaraciones al respecto.

En el comunicado, recogido por Europa Press, María Rosa Suárez-Inclán aclara que ninguna de las partes en liza ha "consultado en ningún momento" a este organismo asesor de la Unesco. No obstante, zanja que Icomos o la Unesco no han emitido "ninguna advertencia o comunicación sobre un potencial peligro de las obras de las Atarazanas en los bienes de Sevilla inscritos en el Patrimonio Mundial". "Toda alusión a estas instituciones parece partidista y sectaria, como si el patrimonio cultural de Sevilla, antes que un recurso de primer orden, fuese un instrumento de confrontación política", señala María Rosa Suárez-Inclán.

El peso del pasado

Y es que, a su juicio, "algunos de los que hoy critican la falta de acción respecto al proyecto fueron en su día responsables del buen estado de conservación y gestión de este monumento y no supieron encontrarle solución".

El proyecto de intervención de Vázquez Consuegra, según ha manifestado, "comportaba sin duda algunos aspectos poco o nada compatibles con el carácter de bien de interés cultural de las Atarazanas, pero también era un buen punto de partida que, consensuado, podía compatibilizar los valores del edificio con los deseables usos culturales que se le pretendían asignar", analiza María Rosa Suárez-Inclán, quien reclama que la sociedad sevillana reaccione y "sustituya" la "confrontación política" puesta de relieve en este caso por "una política de consenso" que resuelva el destino del monumento.

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