Ayuntamiento de Calahorra abre expedientes por destrucción de un soto en el Sector Cidacos paralizados hace cinco años

El Ayuntamiento de Calahorra ha abierto los dos expedientes sancionadores existentes por la destrucción de una parcela de soto que no pertenecía a la unidad de actuación durante las obras de urbanización del Sector Cidacos -realizadas en octubre de 2007- y por la instalación de una planta de hormigón en esta zona.

El Ayuntamiento de Calahorra ha abierto los dos expedientes sancionadores existentes por la destrucción de una parcela de soto que no pertenecía a la unidad de actuación durante las obras de urbanización del Sector Cidacos -realizadas en octubre de 2007- y por la instalación de una planta de hormigón en esta zona.

Se desbloquea así la situación de paralización de los procesos de sanción contra Lázaro-Conextrán, la Junta de Compensación del Sector Cidacos y la dirección de obra que el Ayuntamiento inició en su día y que habían quedado en suspenso por problemas competenciales entre el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja. Sin embargo retomarlos puede no servir de nada si las infracciones cometidas han prescrito.

Ha sido 'Ecologistas en Acción' quien ha puesto a los medios de comunicación sobre la pista de este hecho mediante una nota de prensa remitida esta mañana. En ella, el colectivo da cuenta del inicio -que no del desbloqueo- de tales expedientes mediante resolución de Alcaldía y dando por nuevos estos expedientes reprocha al alcalde, Javier Pagola, haber tomado esta medida "cinco años más tarde de ocurrir los hechos, tras negarse repetidamente a hacerlo y después de afirmar en multitud de ocasiones que habían actuado correctamente al no sancionar económicamente la destrucción del Soto".

Según dicen los ecologistas y ha confirmado Javier Pagola a Europa Press, el primer expediente, por la destrucción del soto, iría contra Lázaro Conextrán, la Junta de Compensación del Sector Cidacos y el Técnico Director de las obras.

El segundo expediente se ejercería contra la empresa Lázaro Conextrán por la instalación ilegal de una planta de Hormigón en el mismo terreno y que tenía como objeto surtir de material a la urbanización y a otras obras que realizaba no lejos del Sector Cidacos.

"dura batalla legal"

El colectivo interpreta en los hechos que su "dura batalla legal se ve legitimada al conseguir que el Ayuntamiento cambie de postura en 180º respecto a la que defendía hasta la fecha" y considera "lamentable que tenga que ser una asociación quien se preocupe de velar para que la ley se cumpla y los responsables paguen por los hechos".

Por otra parte, estima que los hechos serán considerados como "infracciones muy graves contra la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR) y que tendrán que ser sancionados con una multa económica de entre 30.000 y 300.000 Euros".

En cualquier caso, las declaraciones de Ecologistas en Acción no son compatibles con los hechos ocurridos. Para explicar la contradicción entre sus declaraciones y la realidad, hay que recordar que el año pasado Ecologistas en Acción acusó al alcalde de "no imponer sanción a Lázaro-Conextrán", denunciándolo por prevaricación ante los tribunales de justicia.

Posteriormente, una sentencia que sobreseyó la causa contra el alcalde aseguraba que "en efecto, sí se incoaron expedientes sancionadores por parte del Ayuntamiento y del Gobierno de La Rioja" contra la empresa responsable de la destrucción del soto; si bien estos quedaron paralizados "por problemas competenciales entre ambas administraciones".

Así lo hizo saber el concejal portavoz, Luis Martínez-Portillo el 9 de noviembre de 2011, aunque este hecho ha sido ignorado o pasado por alto por los ecologistas en sucesivas notas de prensa.

Por tanto, no se trata de nuevos expedientes sino de los mismos que quedaron paralizados y que, según ha explicado hoy el alcalde a Europa Press, "el Gobierno de La Rioja remite ahora al Ayuntamiento determinando la competencia de la administración local en este asunto".

Pagola ha puntualizado que "lo que se hace ahora es abrir los expedientes para revisar los hechos y las responsabilidades" pero ha venido ha decir que eso no significa que la empresa vaya a ser finalmente sancionada.

Esta última declaración podría responder al hecho de que los hechos sancionables habrían prescrito a los tres años según el artículo 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo y a los cuatro años según el artículo 219 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento