Alternativa Galega de Esquerda (AGE) reclama a la Xunta "voluntad política" para acabar con los "privilegios" que goza la Iglesia en el Estado y, en particular, quiere que la institución eclesiástica pague el impuesto de bienes inmuebles (IBI) por todas sus propiedades, no únicamente por las dedicadas a la actividad comercial, sino también por las de culto.

Así, en palabras de la viceportavoz del grupo, Yolanda Díaz, en tiempos de "crisis de la suficiencia financiera", hay que adoptar medidas que permitan aumentar los ingresos y, en este caso, aboga por dejar de "poner la alfombra roja como en los tiempos oscuros" a la Iglesia católica toda vez que, además, otras confesiones sí tienen que pagar por sus propiedades.

De esta manera, los diputados Yolanda Díaz y Xabier Ron han presentado una interpelación en la que piden a la Xunta que se posicione acerca de la conveniencia de realizar un estudio de los costes que tienen para las arcas municipales gallegas la actual situación de "privilegio" de la Iglesia en materia de tributación de inmuebles.

Además, y tras recordar que precisamente este miércoles la Fegamp está "pidiendo" suficiencia financiera, Yolanda Díaz ha reclamado que la Xunta impulse un acuerdo en este marco municipal para hacer tributar el IBI. En este sentido, la parlamentaria de Alternativa ha advertido de que "muchos de los bienes de la Iglesia fueron directamente robados del pueblo".

La también coordinadora nacional de Esquerda Unida-Izquierda Unida (EU-IU) ha demandado a la Xunta "voluntad de denunciar ante el Estado" los acuerdos "preconstitucionales" que mantiene con el Vaticano y que, tal y como ha lamentado, además de los económicos se mantienen en otros ámbitos como el educacional, jurídico o cultura.

Yolanda Díaz ha criticado que la Iglesia "no revierta nada a las arcas públicas", y por el contrario, se le hagan transferencias de "10.000 millones de euros".

Conocer los "negocios"

Es por ello que también ha reclamado conocer "cuáles son los negocios" a los que se dedica la institución eclesiástica ya que, ha juzgado, "si venden productos tienen que tributar por ellos como cualquier autónomo". En este sentido, se ha preguntado "por qué con recursos públicos se están pagando a estos párrocos que en el siglo XXI siguen estando en la red pública sanitaria".

En su iniciativa, Alternativa Galega de Esquerda se ratifica en el valor del "laicismo" como "elemento que permite construir una ciudadanía integradora y respetuosa con las creencias particulares de cada uno", pero señala que eso supone "una suerte de sinónimo de igualdad, que el actual régimen criptoconfesional pone en cuestión".

Asimismo, se apoya en la realidad constitucional del Estado como aconfesional para denunciar la "carga onerosa" que supone la Iglesia y que "se impone al conjunto de la ciudadanía con independencia de las convicciones éticas o religiosas".

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