El Gobierno de Canarias ha negociado con los abogados y procuradores los honorarios que percibirán quienes prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita. En el caso de los abogados se ha determinado una bajada lineal del baremo del 7,5 por ciento y, en cuanto a los procuradores, se han fijado dos baremos: para procedimientos civiles y penales, 45 euros, y para recursos de apelación, 40 euros.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno regional, Francisco Hernández Spínola, ha informado este martes en el Parlamento canario que el contexto actual de crisis económica "ha motivado un ajuste de los honorarios a la baja para así poder cumplir con el plan económico-financiero y poder sostener y garantizar este servicio, como hasta ahora se viene haciendo".

Hernández Spínola ha señalado que tras un proceso de conversaciones y negociaciones con los colectivos de abogados y procuradores se han fijado los criterios sobre las retribuciones que percibirán, de manera que "los justiciables tengan plenas garantías de asistencia letrada y puedan, por tanto, defender sus derechos, asegurando así la tutela judicial efectiva".

El consejero ha precisado también que para los abogados la bajada del baremo será lineal, de un 7,5 por ciento. Se igualan los baremos de los procedimientos de familia, contenciosos y por mutuo acuerdo y se igualan también para los procedimientos abreviados sin conformidad, con conformidad y juicios rápidos.

En cuanto al cobro de las de las guardias por juicios rápidos se limita al 30 por ciento del total. A partir de ahí, se abonan como guardias normales. También se mejora el control de los gastos de gestión de los que se sigue anticipando el 8 por ciento y desaparece el IPC de la denominada cláusula de corrección.

En el caso de los procuradores, se han determinado dos baremos: para procedimientos civiles y penales, 45 euros, y para recursos de apelación, 40 euros.

Los criterios establecidos, ha insistido el consejero, harán que prosiga "un mejor y más ágil funcionamiento de la Administración de Justicia, y los profesionales alcanzarán la estabilidad necesaria para garantizar la percepción de sus retribuciones".