La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la Ley de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y por otras catástrofes naturales, con el objetivo de restaurar el daño causado y ayudar a que las zonas afectadas y sus habitantes vuelvan cuanto antes a la normalidad.

Esta iniciativa, que continúa su trámite parlamentario y ahora es enviada al Senado, ha contado con 41 votos a favor del PP, PSOE, CiU y UPyD, un solo voto en contra de Coalición Canarias, y dos abstenciones de la Izquierda Plural y de Compromís-Equo.

Fue en septiembre cuando el Gobierno convalidó el decreto de estas ayudas y decidió tramitarlo como proyecto de ley en la Cámara baja, para que el resto de grupos pudieran hacer sus aportaciones.

En todo caso, el decreto se encuentra en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 8 de septiembre, un día después de su aprobación en Consejo de Ministros. Los damnificados podrán seguir solicitando dichas ayudas hasta la entrada en vigor de esta ley.

Eso sí, cuando se trate de daños producidos por las lluvias torrenciales y otros fenómenos naturales no incluidos en el ámbito de aplicación del decreto de 7 de septiembre, pero sí en el de esta Ley, el plazo de presentación de las solicitudes empezará a contarse desde la entrada en vigor de la misma, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, hasta llegar a los dos meses.

Las medidas establecidas en la misma se aplicarán a las personas y bienes afectados por los incendios forestales acaecidos desde primeros del mes de junio, así como a los afectados por las fuertes tormentas de pedrisco que se han sucedido en determinadas comunidades desde el pasado mes de mayo, y por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en varias comunidades, durante los últimos días del mes de septiembre y octubre de 2012, fecha en la que finaliza la temporada de incendios.

Entre otras, Fernández Díaz detalló en septiembre en el Congreso que las comunidades donde se aplicará la norma serán la Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, o la Comunidad de Madrid.

El decreto contempla ayudas para daños personales, materiales y enseres; ayudas a personas físicas y jurídicas; ayudas para el alquiler, reparación y reconstrucción de viviendas para propietarios, inquilinos y comunidades de propietarios para los espacios comunes; subvenciones por daños en infraestructuras municipales, en la red viaria de diputaciones y cabildos por las que se podrá cubrir hasta el 50 por ciento de su coste.

También incluye medidas fiscales, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los inmuebles gravemente dañados o reducciones en el impuesto de actividades económicas correspondientes a 2012. Además, las ayudas estarán exentas del IRPF y habrá reducciones fiscales importantes para las actividades agrarias.

Es más, la ley establece un plazo de dos meses para presentar las solicitudes de ayuda y, además, para agilizar su tramitación, la norma reduce el plazo para resolver el procedimiento de los seis meses habituales a sólo tres.

Líneas preferenciales de crédito

El trámite parlamentario a su paso por el Congreso se ha incluido también la instrucción al Instituto de Crédito Oficial (ICO), en su condición de agencia financiera del Estado, para instrumentar una línea de préstamos en función de la evaluación de los daños y de la demanda consiguiente, utilizando la mediación de las entidades financieras con implantación en las comunidades afectadas, con las que se suscribirán los oportunos convenios de colaboración.

En concreto, esta línea de préstamo tendrá como finalidad financiar la reparación o reposición de instalaciones y equipos industriales, turísticos y mercantiles, agrícolas, forestales, ganaderos y de regadío, automóviles, motocicletas y ciclomotores de uso particular, vehículos comerciales, maquinaria agrícola y locales de trabajo de profesionales que se hayan visto dañados como consecuencia de los siniestros, y se materializarán en operaciones de préstamo concedidas por dichas entidades financieras.

Mediante acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos también se concretarán las características técnicas de la línea de préstamo y las partidas presupuestarias que queden vinculadas a su instrumentación.

Las operaciones de préstamo contarán con una bonificación de intereses que se atenderá desde el crédito que se habilite en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. La cuantía de dicho crédito se determinará de conformidad con lo que establezca el citado acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos.

Trámite parlamentario

Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha reclamado que se incluyeran en la ley a los agricultores afectados por las heladas de febrero de la Comunidad valenciana, después de que fueran dañadas más de 70.000 hectáreas.

Al mismo tiempo, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha mostrado su sorpresa porque, a pesar de que el ministro ante el Pleno del Congreso pusiera de relieve las necesidades del archipiélago, finalmente no se ha modificado la ley.

En consecuencia, ha avisado de que no se paliarán los daños producidos en las islas Canarias, al tener una serie de singularidades que no se tienen en cuenta en la norma, como la cofinanciación de los cabildos y la distribución de la Red Natura 2000, que es diferente que en la Península.

Desde el PSOE, José Luis Ábalos opina que el texto presentado por el Gobierno ha mejorado en el trámite parlamentario, si bien cree que este texto sigue siendo "insuficiente" y no incorpora, entre otros puntos, todos los fenómenos meteorológicos o incendios que han afectado a las comunidades autónomas antes de verano.

Igualmente, ha reivindicado más ayudas en materia de vivienda, a la vez que ha concluido su intervención pidiendo al Gobierno que se tome en serio las políticas de prevención forestal.

En el momento de presentación en Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno precisó que hasta la fecha no se cuenta con una estimación del coste de estas medidas, porque está a la espera de que las comunidades afectadas valoren el alcance de estos desastres. No obstante, sí aseguró que se ha solicitado la aplicación del Fondo de Solidaridad Europeo, que ya se ha tramitado para el fuego de Valencia y "posiblemente" se amplíe a otras zonas.