El exalcalde socialista de Cartes, Saturnino Castanedo, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander a ocho años y siete meses de inhabilitación para cargo público electo al ser considerado autor de un delito continuado de prevaricación.

En un comunicado, Castanedo, que conoció la sentencia fechada el 15 de noviembre el pasado viernes 23 y que ha hecho público el fallo este lunes, ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

En su escrito, Castanedo afirma que no le ocasiona "gran contrariedad" enfrentarse a una "hipotética inhabilitación" y que no es un asunto que le "preocupe en exceso" dado que en estos momentos no ostenta cargos de relevancia institucional u orgánica en el PSOE, aunque puede y debe, dice, recurrir la sentencia, de modo que "en los próximos días" se formalizará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Y recurre, explica, "por una cuestión de justicia moral", porque cree que no merece la sentencia y porque está en "radical desacuerdo" con el fondo y las formas en que se ha producido.

En cuanto a las formas, el exalcalde reconoce que ya se "esperaba" el fallo, en el que la jueza "hace suyas" la conclusiones de la Fiscalía, "como la Fiscalía había hecho suyas las del gabinete jurídico del PP que preparó la demanda". A su juicio, se trata de una "base argumental novelada, plagada de conjeturas, frases declarativa descontextualizadas y errores increíblemente reiterados que no se corrigen después de una instrucción de más de cuatro años".

Además, denuncia la "sensación de indefensión" y de "trato indisimuladamente hostil" que ha sentido desde que se inició el proceso judicial, que además ha sido "injustificadamente dilatado en el tiempo" y ha estado "plagado de filtraciones que favorecían el enjuiciamiento público paralelo, incluso en periodos electorales".

Igualmente señala que ha sentido "desamparo absoluto" ante su derecho a la presunción de inocencia y apunta que "para colmo" conoció el señalamiento del juicio a través de la prensa "días antes de que la propia jueza lo fijase", cuestión que alguien "tendría que explicar", sostiene.

En cuanto al fondo, aunque serán "numerosos" los puntos en los que incidirá el recurso, Castanedo resalta dos, el primero, que la sentencia utiliza como base argumental condenatoria la supuesta desatención a los informes del interventor municipal, algo "rigurosamente falso y que inconcebiblemente se mantiene desde la demanda hasta el fallo condenatorio, cuando en todo momento se ha acreditado lo contrario", manifiesta.

En segundo lugar, apunta que la sentencia pretende invalidar el procedimiento de reconocimiento de obligaciones extrajudiciales contenido en las bases de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Cartes y desarrollado conforme al Real Decreto 500/90, de 20 de abril, de Reglamento Presupuestario.

Este procedimiento, argumenta, se utiliza "de modo generalizado" por la "práctica totalidad" de los ayuntamientos y también en otras administraciones públicas. Así, sostiene que la puesta en "tela de juicio" de la legalidad de este procedimiento pone "al borde de la inhabilitación a los miles de alcaldes e interventores que de modo cotidiano lo vienen utilizando".

Castanedo concluye que la "justicia es ciega, sorda y muda" pero que en "algún momento" del proceso que se sigue contra él "no ha sido muda, se ha levantado la venda y está mirando a quien juzga".