Una empresa externa contratada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha empezado este domingo a recoger la basura en la localidad escoltada por antidisturbios, toda vez que la plantilla de Urbaser, concesionaria encargada de la recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, cumple ya más de dos semanas de huelga.

Según ha criticado UGT en un comunicado, los operarios que están retirando los residuos trabajan para Tragsa, empresa pública que también participó en las labores de recogida de chapapote durante la crisis del Prestige en Galicia, mientras que la Policía Local corta el tráfico al paso de las tres cubas que están empleando para las labores de limpieza.

Este sindicato ha afirmado que con esta medida el Ayuntamiento jerezano "podría estar vulnerando el derecho de huelga" y ha acusado al Gobierno local (PP) "de restringir la libertad de movimiento debido a la actuación de la Policía Nacional impidiendo la salida de los trabajadores".

En este sentido, en rueda de prensa, el presidente del comité de empresa, Juan Manuel Cazalla, ha denunciado que la plantilla ha sido "cercada" esta mañana en su centro de trabajo cuando a las 6,00 horas se disponían a realizar los servicios mínimos "retirándonos los DNI y cercándonos sin darnos opción a salir de las inmediaciones de la empresa".

Previamente, Cazalla ha asegurado que el director de Urbaser, concesionaria encargada de la recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, les ha confirmado que el Ayuntamiento ha contratado a una empresa externa para recoger la basura.

El representante de los trabajadores de Urbaser ha culpado al Ayuntamiento y a Urbaser de tratarles "como puro ganado" pese a que desde que comenzaron el paro "hemos estado colaborando y no hemos montado ningún espectáculo por respeto a la ciudad". Cazalla también ha confirmado que una vez que recopilen todos los datos denunciarán los hechos en el juzgado.

El comité de empresa de Urbaser inició el paro indefinido en el servicio el pasado 2 de noviembre después de que la empresa les planteara un ERE para 125 trabajadores ante la decisión municipal de recortar el presupuesto un 20 por ciento desde enero de 2013.

Tras haber agotado la mitad del periodo de consultas, las negociaciones entre empresa y trabajadores están enquistadas ante la negativa de esta última de aportar 1,2 millones de euros, que según los trabajadores es la cifra que les "separa" del acuerdo que evitaría los despidos ante el plan de ahorro de casi tres millones presentado por el comité.