Organizaciones de consumidores bancarios y partidos políticos de la oposición han coincidido este jueves en criticar la poca eficacia de las medidas que ha aprobado el Gobierno para frenar los desahucios, y consideran que no supondrán una solución definitiva.
- La secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, ha afirmado que su partido no ha llegado a un acuerdo con el Gobierno sobre los desahucios por la falta de compromiso del Ejecutivo con la posterior reforma de la legislación hipotecaria y porque la moratoria que ha aprobado es "muy restrictiva" y "un parche". "La moratoria solo se aplica en la expulsión, lo que implica que en todas las familias en las que se ha iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria seguirán adelante", ha dicho Rodríguez Piñero. La dirigente socialista ha criticado que el Gobierno deje fuera de la moratoria "a muchas más familias de las que incorpora" y ha insistido en que paralizar los desahucios es "imprescindible", pero también recoger todas las situaciones que por razones de renta no puedan hacer frente a su hipoteca.
- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado que son soluciones "cosméticas, coyunturales y parciales". En un comunicado leído ante la sede del PSOE en la calle Ferraz, por Iván Ramírez Barrio, uno de los portavoces de la asociación, se critica que el proyecto del Gobierno se limite a suspender las ejecuciones durante dos años y a mejorar las condiciones del código de buenas prácticas bancarias, que "no ha servido de nada". En el texto escrito por la PAH, se consideran las negociaciones entre PP y PSOE una solución "parcial e insuficiente", que llegan "tras más de un millón de desahucios y varios muertos en los últimos días".
- La Asociación Española de Banca (AEB) asegura que el coste recaerá "exclusivamente" en el sector. La AEB ha emitido un comunicado el que reconoce que comparte con el Gobierno "la necesidad de proteger a aquellas personas socialmente más vulnerables y que están más expuestas a los efectos de la crisis económica". En este contexto, "entiende la decisión que ha adoptado el Gobierno de paralizar temporalmente los desahucios en casos de familias que viven situaciones de particular necesidad". Pese a este planteamiento, la patronal bancaria "tiene que hacer notar —apunta el comunicado— que el coste económico de las medidas acordadas corre exclusivamente a cargo de las entidades de crédito".
- La Asociación de Usuarios Bancarios Adicae ha explicado que la moratoria de dos años en los desalojos de familias con situaciones extremas "no es ninguna solución para el grave problema hipotecario de 10 millones de familias en España". Según la organización, cerca de un millón de estas familias se enfrentan a un riesgo grave de ejecuciones y embargos hipotecarios que les llevarán a la pérdida de su vivienda. Para el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, "hay que reformar en profundidad el sistema hipotecario español y esto es algo que, lamentablemente, los sucesivos Gobiernos no se han atrevido a hacer". Pardos considera que el sistema hipotecario español es "anticuado, leonino y abusivo", por lo que propone una reforma de la ley hipotecaria que permitiera "una moratoria de embargos y ejecuciones por 3 años, prorrogable". Por su parte, las organizaciones de afectados por los desahucios han calificado como "chapuceras" y "absurdas" las condiciones aprobadas y han pedido que éstas se apliquen a todos los casos.
- UGT ha dicho que "es insuficiente y restrictivo el Real Decreto aprobado y ha instado a que se modifique en profundidad en el trámite parlamentario, ya que "no da respuesta al drama social que afecta a cada vez más familias". El sindicato ha solicitado la paralización inmediata de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios de viviendas, incluidas las que están en curso, que se constituya un parque de viviendas públicas en alquiler social y la modificación profunda del ordenamiento jurídico para que los ciudadanos que han perdido su casa no tengan que seguir pagando. "El Ejecutivo ha tenido más cuidado en no perjudicar a los bancos y cajas, que en beneficiar a los ciudadanos a la hora de aprobar medidas para paliar este drama social".
- La portavoz del BNG en el Congreso Olaia Fernández Dávila ha criticado que las medidas son "una auténtica tomadura de pelo porque dejan los aspectos más importantes sin resolver". "Es la demostración de la falta de voluntad del Gobierno para afrontar de manera valiente, con decisión y firmeza un drama social que está provocando muertes y que cada día que pasa aumenta sus dimensiones", ha manifestado la diputada, que ha reprochado al Ejecutivo que "de nuevo vuelve a escoger a la banca por encima de la gente más vulnerable".
- La diputada de Geroa Bai Uxue Barkos, que ha acusado al Gobierno de "de poner parches" a la ley hipotecaria en lugar de afrontar con seriedad las demandas sociales.
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