Una deuda millonaria con la compañía del agua, desacuerdos entre las distintas confesiones cristianas y el conflicto palestino-israelí son los ingredientes del último drama que rodea el Santo Sepulcro, el lugar más sagrado para la cristiandad.

El problema se inició en 2004 cuando la compañía jerosolimitana de agua Hagihon presentó a los responsables de la iglesia una cuenta millonaria de casi tres millones de euros, correspondiente al consumo de los últimos quince años de la basílica donde la tradición sitúa la muerte y resurrección de Jesús.

Las negociaciones no llegaron a buen puerto y la empresa logró recientemente que un tribunal congelase las cuentas bancarias del Patriarcado Greco-Ortodoxo que, desde entonces, ha visto como el banco devolvía sus pagos y sus acreedores le reclamaban recibos y cortaban suministros.

La drástica medida ha desatado una guerra, en la que los greco-ortodoxos han prohibido el acceso a sus instalaciones a los representantes de Hagihon y han amenazado con cerrar el acceso al Santo Sepulcro, visitado cada año por millones de peregrinos y razón última de buena parte de los turistas que recibe Israel. Desde que las tuberías y el agua corriente sustituyeron a las cisternas, el Santo Sepulcro ha sido eximido del pago del agua, una tradición que respetaron las autoridades del Imperio Otomano, el Mandato Británico, las jordanas y las israelíes, tras la ocupación de la Ciudad Vieja y los territorios palestinos en 1967.

Pero, lo que diferentes gobiernos permitieron y financiaron, la empresa privada lo decidió abolir.

En el año 1994 Jerusalén privatizó la gestión del agua y se la concedió a Hagihon, que no está dispuesta a regalar sus servicios a ningún lugar, por muy sagrado que sea.

"Esta Iglesia ha recibido donaciones desde el siglo IV. La han cuidado todos los gobiernos. ¿Cómo pueden los israelíes esperar que paguemos esa cantidad ahora?", dijo esta semana Wajeed Nuseibeh, guardián de la llave del Santo Sepulcro, que cada día abre a las cuatro de la mañana y cierra a las siete de la tarde.

A su entender "el mundo debe responsabilizarse de los gastos de un lugar histórico tan importante, al que cada día acuden tres mil personas y que en Semana Santa recibe a más de 20.000 fieles".

El padre Stefano, sacerdote greco-ortodoxo y uno de los custodios del recinto, declaró recientemente, enfadado: "El problema real empezó cuando el Gobierno israelí puso sus manos en nuestras cuentas. Ahora no podemos pagar los gastos de nuestros monjes, ni nuestros compromisos económicos. Hemos denunciado al gobierno y no pagaremos hasta que liberen nuestras cuentas".

Según explicó el vicecustodio de Tierra Santa, el franciscano español Artemio Vítores, hace unos años, durante las negociaciones con Hagihon, las autoridades israelíes se ofrecieron a solucionar el asunto, pero pidieron que les escribieran una carta solicitándoselo.

"Es una especie de trampa, porque si tú pides a Israel que arregle el problema, estás en cierto modo diciendo que Israel tiene autoridad sobre la Ciudad Vieja y sobre el Santo Sepulcro. Y no se puede hacer eso porque se entra en conflicto con Jordania, Palestina, Arabia Saudí y otros gobiernos, así que decidimos no hacerlo", expone.

Sin embargo, el vicecustodio cree que de ninguna manera se llegará al cierre del lugar. Y será precisamente por los contrapesos que desde hace siglos rigen el sitio y dividen el poder de decisión entre tres confesiones cristianas, la armenia, la greco-ortodoxa y la católica romana.

"Ellos (los griegos) no tienen autoridad para cerrar el Santo Sepulcro. Lo tienen que hacer las tres comunidades y nosotros, a pesar de apoyarles ante la injusticia que se les ha hecho, no creemos que sea motivo suficiente para cerrarlo", asegura Vítores.

En opinión del vicecustodio, clausurar la basílica "supone cerrar a millones de peregrinos el motivo por el que han venido y cerrar el corazón del mundo cristiano. Todos vienen a eso, a ver con sus ojos, a tocar con sus manos. Cerrar el Sepulcro es como tapar la boca o tapar los ojos a los cristianos. Y todo el dinero del mundo no vale eso".

"Si hay que pagar, pagaremos, pero no con los atrasos de veinte años, que son cantidades enormes", afirma Vítores, quien acusa al Ayuntamiento de Jerusalén de "no haber explicado las condiciones especiales" de la iglesia cuando privatizó la gestión del agua y se la entregó a una empresa que "no entiende nada de tradiciones".