La consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este sábado que el grupo parlamentario del PP ya tenía "sus conclusiones" antes de finalizar la comisión de investigación de los ERE, y en función de las mismas ha articulado su "estrategia", mientras que, por el contrario, los socialistas han elaborado un informe "riguroso" y "con fortaleza".

Díaz, que no se ha querido pronunciar sobre la propuesta de dictamen de IULV-CA, que sitúa en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández el máximo nivel de responsabilidad política en el caso, porque no puede valorar "futuribles", sí ha defendido el informe del PSOE "porque relata con claridad tanto el conocimiento de los hechos como el de la información que se ha trasladado en la comisión y de los procedimientos jurídicos abiertos".

"Hay una diferencia sustancial entre lo que ha hecho el grupo parlamentario 'popular' y lo que ha hecho el socialista. Los 'populares' hicieron las conclusiones y después la comisión, y la estrategia en la misma iba en función de lo que querían que fuera el resultado, y el PSOE colaboró en todo momento", ha dicho la consejera, que ha incidido en el que hecho de que hayan declarado en el seno de la misma tanto el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como el expresidente Manuel Chaves. "No creo que haya muchas comunidades autónomas que hagan eso", ha mantenido.

El PSOE-A atribuye, en las conclusiones que ha elaborado, a las Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta la responsabilidad del caso, ya que era el órgano con la "atribución exclusiva para la concesión de las ayudas". Para el PSOE-A, ha habido un uso "indebido" del procedimiento de concesión de ayudas por parte de dicha dirección general, concretamente, por parte de su titular en los años 2011 a 2008, que era Francisco Javier Guerrero, que recientemente ha salido de prisión.

Por su parte, el PP-A considera "inaceptable" que la Junta de Andalucía solo eche la "culpa" a Guerrero e intente "minimizar" los hechos, y expone en el documento elaborado al respecto que ha quedado claro que, desde el seno de la administración se fraguó un "sistema opaco de ayudas sin ajustarse a la ley y con una marcada intención política que, finalmente, ha resultado letal para las arcas públicas y para la imagen y el buen nombre de Andalucía". "En el seno del Gobierno Andaluz se ideó un mecanismo, 'un fondo de reptiles', para asegurar la paz social, término que consumaba la paz política del régimen".