La acusación particular del caso de la niña Ch.L.M., que murió a los ocho años de edad por presunta negligencia médica tras ingresar en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva el 24 de diciembre de 2005 aquejada de una apendicitis y fallecer tres días después a causa de una mortal infección, pide para los cuatro médicos imputados un total de cuatro años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia profesional, así como al pago de una indemnización de 200.000 euros a los padres de la pequeña por los perjuicios irrogados, debiendo declararse la Responsabilidad Civil Subsidiaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y su entidad aseguradora con carácter solidario.

Según reza en el escrito de acusación que ejerce la Asociación Nacional de Negligencias Médicas, al que ha tenido acceso Europa Press, a su vez pide para estos cuatro médicos, aunque uno de ellos ya ha fallecido, la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por un periodo de seis años y las costas del juicio, incluidas en estas las de la acusación particular.

En cuanto a las responsabilidades de cada acusado, el abogado Rafael Martín en el escrito asegura respecto al médico que realizó la operación de la menor, A.U.G., que mintió en su declaración ya que aseguró que "acordó que se le suministrará 500 miligramos de mefoxitin, que es la profilaxis antibiótica que esta en el protocolo del hospital para la operación de apendicitis y que no sospechó de otro tipo de infección", ya que esta explicación "se opone claramente" al informe del Médico Forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Huelva y al informe pericial, que establecen que en el tratamiento prescrito "no consta que se le suministrará mefoxitin", indicando además que en las hojas de registro de aplicación en la enfermería "constan solo Priperan, Ranitidina, Perfalgán, nolotil y suero glucosalino".

Esta situación permite, a su juicio, deducir que existen indicios racionales para pensar que el doctor "fue negligente en su actuación ya que del informe del médico forense y del informe pericial se desprende que lo correcto hubiera sido suministrar a la paciente profilaxis con antibiótico previos a la intervención o durante el curso de la misma, ya que según ambos informes se pone de manifestó que las infecciones quirúrgicas establecidas y la aparición de complicaciones sépticas en el postoperatorio son situaciones frecuentes que exigen un conocimiento básico sobre el tratamiento antibiótico".

Respecto a otra doctora acusada, A.M.O.G., pediatra de guardia los días 25 y 26, en el escrito consta que esta declaró que "fue avisada para valorar a una niña que había empezado con vómitos y deposiciones, manifestando síntomas inespecífico y que no le mando ninguna medicación", así como que de "cirugía la llamaron para descartar un proceso de gastroenteritis, porque habían descartado que fuera por el proceso quirúrgico, por lo que no se decantó por ningún diagnóstico".

Una declaración que, para el abogado, se contradice con lo establecido en el informe forense que manifiesta que la paciente presenta los días 25 y 26 de diciembre "estado febril, vómitos en poso de café, dolor abdominal y varias deposiciones diarreicas, sin modificación en el tratamiento, solo aumento de los analgésicos".

En cuanto al tercer doctor imputado, F.D.L.P., en el escrito reza que declaró que, tras revisar a la menor y comprobar que los síntomas de la misma, "no eran síntomas de la intervención, sino que se orientaba a ser una cuadro intestinal infeccioso, al menos de inicio",

En cuanto al último médico acusado, A.F.R.N., entró de guardia el día 26 y visitó a la menor a las 9,00 horas, y aseguró que "estaba sentada en la cama con el abdomen blando y que las deposiciones habían disminuido y no tenia fiebre ni vómitos", por lo que "no vio la necesidad de modificar el tratamiento prescrito".

Por todo ello, el letrado considera que estos tres facultativos fueron "negligentes", ya que deberían haber tenido una actitud "más activa para descartar que se tratara de un problema quirúrgico, como un control clínico y observancia mediante un diagnostico no agresivo, palpación abdominal, hemocultivos, analíticas, estudios radiológico y, de forma empírica, instaurarle un tratamiento antibiótico", algo que "no hicieron limitándose a descargar la responsabilidad en la pediatra ante un supuesto problema no quirúrgico que, como posteriormente se comprobó, sí lo era".

Grave infección

La analítica de sangre confirma la existencia de una grave infección muy evolucionada y en la ecografía que se realiza en ese momento se visualiza abundante cantidad de líquido libre intraperitoneal, siendo el diagnóstico de peritonitis supurativa difusa. Por ello, se decide el traslado de la paciente a quirófano para reintervención urgente y durante la que presenta un vómito seguido de parada cardiorrespiratoria de la que se intenta reanimar durante 40 minutos sin éxito, por lo que fallece el día 27 de diciembre a las 11,45 horas.

La autopsia señala que "existe infiltrado inflamatorio con presencia de colonias bacterianas", unas alteraciones presentes en la zona de pared intestinal cecal correspondientes a cirugía previa, siendo los diagnósticos definitivos de la autopsia peritonitis difusa con necrosis y hemorragia en región cecal.

Tras ello, la acusación particular concluye que la menor "falleció como consecuencia de una complicación infecciosa de la intervención de apendicitis, sin utilizarse antibióticos profilácticos previos", a lo que añade que la utilización de antibióticos previos a la intervención pudo haber evitado la peritonitis que se desarrolló con posterioridad, especialmente teniendo en cuenta que era una apendicitis inflamatoria simple no complicada.

Realización de pruebas

A partir de las primeras 24 horas después de la intervención empezó a presentar síntomas de infección, pero considera que a pesar de esta sintomatología durante los dos días y medio que estuvo ingresada después de la intervención, "en ningún momento se realizó analítica ni estudios radiológicos que permitieran llegar al diagnóstico", indicando además que la realización precoz de estas pruebas hubiera permitido detectar la presencia de la infección posoperatoria y se hubiera podido iniciar el tratamiento a tiempo para evitar el fatal desenlace.

El juicio está fechado para el 22 de enero en el juzgado de lo Penal número 1 de Huelva y por estos hechos la Fiscalía le imputa a estos profesionales un delito de homicidio por imprudencia profesional, por el que pide cuatro años de prisión para cada uno, la inhabilitación especial para ejercer su profesión durante seis años y una indemnización de 200.000 euros para los padres de la menor fallecida, con responsabilidad civil de la compañía aseguradora y del Servicio Andaluz de Salud (SAS), las mismas penas que pide la acusación particular.

Cabe recordar que el pasado 24 de diciembre, coincidiendo con el sexto aniversario del ingreso de la niña, la madre de la pequeña, Elena Masera, comenzó una huelga de hambre acampada en la puerta de la Audiencia para reclamar una fecha a este juicio al entender que "habían pasado muchos años sin saber nada del caso", una huelga que abandonó ese mismo día tras recibir la visita del juez decano de Huelva, José Manuel Borrero, y se comprometiera a "hacer lo posible" por "agilizar" dicho procedimiento, que, a su juicio, acumulaba un "retraso excesivo".