La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha advertido este viernes a la Junta de Andalucía de que, si quiere un Plan Extraordinario de Empleo como el de Canarias o Extremadura, tiene que justificar antes el Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz de los años 2009 y 2010, cuya cantidad asciende a más de 23 millones de euros.

"Para nosotros hacer un Plan Extraordinario necesitamos que la Junta justifique los planes de empleo especiales anteriores, en concreto, el Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz y la memoria de actividades de dicho plan", ha recalcado la ministra a preguntas de los medios de comunicación en Sevilla, donde se ha reunido con la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, el presidente del PP-A y alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, y el secretario general del PP-A, José Luis Sanz.

La ministra ha explicado que "a día de hoy la Junta, pese a los diferentes requerimientos del Gobierno de España, no ha justificado ese plan" y que, en caso de no hacerlo "cuanto antes", el Ministerio "tendrá que proceder a requerir la devolución de esas subvenciones a Andalucía", que en 2009 fueron de 5,4 millones de euros y en 2010, de 18.

Báñez ha justificado esta solicitud de reintegro en que el Gobierno "tiene que cumplir", por un lado, con la resolución de la Dirección General de los servicios de Empleo Público Estatal de 13 de diciembre de 2010 que "obliga a que se justifiquen los fondos que han venido a Andalucía" y, por otro, con el requerimiento que el Tribunal de Cuentas hizo de la subvención de 5,4 millones de 2009 al considerar que "no estaba justificada" debidamente esta cantidad por parte de la Junta de Andalucía.

Ante ello, la ministra, que ha indicado que la Junta ha superado ya "todos los plazos" posibles para presentar ambas justificaciones —la de los 18 millones de euros terminó el 15 de noviembre de 2011—, ha urgido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, a que presenten "cuanto antes" toda la documentación porque, de lo contrario, al Gobierno no le quedará "más remedio que proceder al reintegro de esas cantidades".

La fecha límite que maneja el Gobierno para proceder a pedir esta devolución de los 23,4 millones de euros es la del próximo jueves 15 de noviembre, una fecha a la que, según Báñez, el propio Ávila le emplazó en la última carta que le escribió. De ahí que haya deseado que, dentro de la "lealtad institucional", la Junta justifique ambos planes "cuanto antes". "Espero que esto termine felizmente para que no se tengan que devolver estas cantidades", ha concluido.