El Ayuntamiento de Granada ya cobra a los vecinos por los servicios de los bomberos

  • Abrir una puerta cuesta 120 euros más el desplazamiento desde el 14 de octubre en que se empezó a aplicar una nueva ordenanza municipal.
Un camión de bomberos.
Un camión de bomberos.
Jorge París
Un camión de bomberos.

El Ayuntamiento de Granada ya está cobrando a los ciudadanos por los servicios de los bomberos El Ayuntamiento publicó en septiembre una nueva ordenanza con tasas por las salidas de los bomberos que se empezó a aplicar el 14 de octubre, según el Sindicato Independiente de Bomberos.

Desde ese día los bomberos deben hacer un informe de sus servicios, calculando el coste, "y el parque lo remite al Ayuntamiento, que es el que envía las facturas", explica Ignacio Vidal, miembro del sindicato.

Por ejemplo, abrir una puerta cuyo usuario haya perdido la llave cuesta 120 euros más el desplazamiento (0,21 euros por kilómetro).  "Ya se han dado casos de vecinos que han llamado para eso y, al advertirles de que ese servicio ya cuesta dinero, lo han rechazado", cuenta Vidal.

Si el servicio requiere el uso de una autoescalera, habrá que pagar 150 euros, y si tienen que usar un vehículo d rescate, 110 euros, según consta en la ordenanza, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)_el 14 de septiembre.

El Sindicato de Bomberos dice que cada día realizan una media docena de actuaciones que ya están notificando para su cobro. Servicios como un incendio en un vehículo o en una vivienda, o inundaciones en una casa tienen ya coste para el usuario, siempre que no dispongan de seguro. Incluso "charlas en colegios o retenes para un castillo de fuegos artificiales", dice el Sindicato.

Perjudicará "a los más necesitados"

El Sindicato Indendiente de Bomberos dice que el cobro de los servicios afectará a las personas de menos recursos "que no pueden permitirse tener un seguro de vivienda" que cubra  incendios o inundaciones. Además, dicen que el cobro "no es necesario", ya que su coste se cubre con las aportaciones anuales que realizan las compañías de seguros, la Diputación y los ayuntamientos, por lo que rechazan la medida.

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