Los secretarios xerais de UGT, CC.OO. y CIG han criticado este miércoles el reglamento que fija las condiciones para los despidos colectivos en las administraciones, que han considerado una medida "indecente", y han advertido de las "consecuencias muy graves" que traerán en un país que "necesita del servicio público".

Tras acudir a registrar la convocatoria de huelga general para el próximo 14 de noviembre, los sindicalistas han censurado esta "vuelta de tuerca". El responsable de UGT en Galicia, José Antonio Gómez, ha indicado que "es una consecuencia más de la reforma laboral" y ha destacado que si esta hablaba de un 10% de pérdidas, el reglamente "aún lo reduce a un 5%".

"Traerá consecuencias muy graves para el país, que necesita del servicio público", ha concluido Gómez y, en la misma línea, el secretario xeral de CC.OO., Xosé Manuel Sánchez Aguión, ha cargado contra "depauperar" los servicios públicos porque "acabará pagando la ciudadanía".

"¿Quién decide en las administraciones públicas los ingresos? Se hacen la trampa a sí mismos", ha censurado y ha tachado la medida de "indecente y lamentable". Esto será "un cabreo añadido" para los empleados públicos para ir a la huelga, ha dicho, y ha reiterado que precisamente esta medida hace que no comprenda "la actitud de algún sindicato que plantea ahora que no secunda la huelga", en alusión a CSIF.

Por su parte, el responsable de la CIG, Suso Seixo, ha agregado que "es una auténtica barbaridad" y que "la administración actúa como juez y parte". La salida a la crisis, ha sostenido, "o es la que se está siguiendo en la administración de cada vez deteriorar más ese servicio".

"Hay mucho por donde recortar", ha defendido y ha puesto como ejemplo las aportaciones a la Iglesia. "Puestos a recortar en gasto público, aunque parezca una salida de tono, había que prescindir del Gobierno español", ha dicho y ha argumentado que en realidad, quien gobierna es la canciller alemana, Angela Merkel.

La alternativa de los despidos colectivos "es una vía muy fácil para deteriorar servicios públicos y justificar la privatización", ha advertido.