La defensa del dirigente de Nuevas Generaciones (NNGG) Angel Carromero, condenado en Cuba a cuatro años de privación de libertad por el accidente de tráfico en el que murió el destacado disidente Oswaldo Payá, no recurrirá la sentencia, han revelado fuentes cercanas a la familia del español.

Al renunciar al recurso, la defensa de Carromero favorece que las gestiones diplomáticas encaminadas a conseguir su repatriación puedan comenzar la semana próxima, una vez concluya el lunes el plazo de 10 días hábiles que tienen la defensa y el fiscal para recurrir la sentencia de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Granma y que se hizo pública el pasado 15 de octubre.

Vencido ese plazo de diez días, si ninguna de las partes recurre, la sentencia será firme y el Gobierno español podrá iniciar entonces las gestiones diplomáticas con las autoridades cubanas para conseguir repatriar a Carromero a España.

Si la defensa del condenado recurriera la sentencia, esas gestiones se demorarían varios meses, porque habría que esperar a la resolución del recurso para dar por concluido el proceso judicial, algo que no interesa al afectado, que desde el principio pidió al Gobierno que hiciera todo lo posible para sacarle cuanto antes de la isla.

Existen tres opciones que permitirían al español regresar a España. El Gobierno cubano podría indultarle, pero esta alternativa se considera altamente improbable, de manera que el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja principalmente con dos escenarios.

El más beneficioso para Carromero, descartado el indulto, sería que el Gobierno cubano le dejara en libertad expulsándole del país. El Código Penal cubano, o Ley 62, estipula en su artículo 46.3 que el Consejo de Ministros "puede decretar la expulsión del extranjero antes de que éste cumpla la sanción principal impuesta", que se declarará "extinguida". Es decir, que Carromero podría regresar a España sin que tuviera que responder aquí de ninguna responsabilidad penal.

En caso de que el régimen castrista no quisiera expulsarle, a Carromero le quedaría otra opción. Podría beneficiarse de un traslado para cumplir en España la condena, siempre según "los casos y en la forma establecidos en los tratados", dice la Ley 62. España y Cuba tienen un convenio bilateral para el traslado de personas condenadas que data de 1998 y podría aplicarse en el caso de Carromero. Para poner este acuerdo en marcha, lo primero que se precisa es que la sentencia sea firme.

En base a ese convenio, España tendría que ofrecer a Cuba una "indicación aproximada de cómo se cumplirá la condena en el Estado de cumplimiento y la fecha de extinción de la pena o medida". El acuerdo permitiría deducir "íntegramente" a la condena el tiempo que Carromero ha pasado en prisión provisional.

Como la pena impuesta a Carromero es menor a cinco años, si Cuba autorizase el cumplimiento de la pena en España, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, podría conceder directamente a Carromero el tercer grado sin necesidad de que tuviera que cumplir una parte de su condena en prisión, en virtud de la Reforma del Código Penal de 2003, explican a Europa Press fuentes penitenciarias.

Con el tercer grado, un preso sólo tiene que pernoctar en prisión, aunque hay una modalidad de tercer grado por la que el recluso es vigilado mediante control telemático y ni siquiera tiene que dormir en la cárcel, según prevé el reglamento penitenciario.

El dirigente popular ha permanecido desde finales de julio en el centro de seguridad del Estado '100 y Aldabó', en la capital cubana, en una celda tipo apartamento que comparte solo con otro preso.