PSC-PSOE llevará al pleno del Parlamento canario el recorte del Gobierno central a la desalación del agua

El Grupo Parlamentario Socialista (PSC-PSOE) lleva esta semana al pleno del Parlamento de Canarias el recorte del Gobierno de España a la subvención a la desalación de agua, informó el partido en un comunicado.
El agua corre por un grifo abierto.
El agua corre por un grifo abierto.
CEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA.
El agua corre por un grifo abierto.

El Grupo Parlamentario Socialista (PSC-PSOE) lleva esta semana al pleno del Parlamento de Canarias el recorte del Gobierno de España a la subvención a la desalación de agua, informó el partido en un comunicado.

Así, se trata de una proposición no de ley presentada conjuntamente con el Grupo Nacionalista y que será defendida por la diputada Belinda Ramírez, quien consideró necesario que los distintos grupos parlamentarios del Congreso y del Senado presenten una enmienda al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2013 para que se amplíe la cuantía de la subvención al coste energético a la desalación de agua de mar en Canarias.

Para la socialista, esta cuantía debería ser por un importe global no inferior al consignado por este concepto en las cuentas estatales de 2010, sin que se detraigan otras partidas con destino a Canarias.

Recordó que el Proyecto de Presupuestos del Estado 2013 elaborado por el Gobierno de Rajoy "eliminó completamente la partida correspondiente a la subvención a las plantas potabilizadores para desalación de agua en Canarias, sin que por el momento el PP haya presentado enmienda alguna para corregir esta situación".

La diputada majorera subrayó que esta partida siempre ha existido para dar respuesta a una situación singular que se da en unas islas que dependen de ese sistema para su abastecimiento, "lo que ha llevado al sector en Canarias a advertir de los graves prejuicios que esta supresión puede causar y que comienzan por un encarecimiento del agua en hasta un 50 por ciento, según las islas".

"Esta subida supondría, en islas como Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria, cuya dependencia del agua desalada supera el 90 por ciento, un nuevo hachazo para los consumidores, que verían mermada su capacidad adquisitiva al tener que pagar más por un servicio público esencial como es el agua", denunció.

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