La secretaria federal de Cooperación e Inmigración del PSOE, Marisol Pérez Domínguez, que participa este jueves en Murcia en un encuentro con colectivos de atención a inmigrantes y en una charla sobre dependencia, ha afirmado que el Partido Popular, desde que llegó al Gobierno, persigue el desmantelamiento de la Ley de Dependencia, y que está utilizando la crisis como excusa para desmantelar el estado del bienestar.

"Nos ha costado 30 años a todos los españoles conseguirlo, y ellos se lo están cargando en apenas diez meses, derrumbando el sistema de salud, el educativo, el de la dependencia y el de pensiones", ha indicado.

Así, ha explicado que una de las primeras cosas que hizo el PP fue eliminar el Fondo de Integración recogido en la Ley de Extranjería puesta en marcha por los socialistas. Y ha subrayado que parte de ese Fondo había llegado en su día a la Región, "pero el Gobierno de Valcárcel, como en todo lo demás, ni desarrolló ni se ocupó de implementarlo con otras medidas".

Marisol Pérez se ha referido también a la Ley de Dependencia, "que empezó a andar en 2007 con un calendario de aplicación hasta 2015, y que también es de las primeras que 'toca' el Gobierno de Rajoy, y que nunca llegó a desarrollarse en la Región de Murcia".

Según la responsable socialista, esto se nota, no sólo en la atención a las personas y a las familias, sino también en la generación de empleo. Pérez ha señalado que la Ley ha generado muchísimos puestos de trabajo en todo el país.

"Sin embargo, qué casualidad que, en cuanto el PP empieza a gobernar empieza a destruirse empleo". "Y en la Región de Murcia es peor, porque, mientras que en Andalucía ha crecido el empleo en servicios sociales con la aplicación de la Ley de Dependencia en un 85,47%, en esta comunidad autónoma desde 2007 -en que se pone en marcha la Ley- a 2011, lo que ha ocurrido es que se ha reducido el empleo en este sector en un 82%. Es la prueba evidente de que no se está aplicando la Ley, más allá del daño que se está haciendo a las personas y a las familias", ha criticado.

Marisol Pérez ha puesto de manifiesto que, desde que el PP entró en el Gobierno de España, hizo algo más: paralizar la entrada en vigor de los dependientes moderados, y en la Región de Murcia son 5.132 las personas que estaban valoradas como dependientes moderados que se quedan sin esa prestación.

La responsable socialista ha apuntado además que "han reducido la cuantía de la prestación económica por cuidador familiar, como mínimo un 15%". En la Región de Murcia esto afectará a 7.616 cuidadores familiares (el 92% mujeres).

"Modifican el copago, y a los cuidadores les obligan a pagar hasta el 90% de la seguridad social -en enero tendrán que pagar el 100%-, además de que hacen incompatible el recibir una prestación económica con recibir un servicio", denunció la responsable socialista, quien se preguntó "cómo van a ser capaces esas mujeres cuidadoras, con 300 ó 350 euros de prestación por cuidar a sus familiares, de pagarse la seguridad social", ha insistido.

Asistencia sanitaria digna a los inmigrantes

Por su parte, el secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, que ha reiterado el derecho de todas las personas a una atención sanitaria digna, ha afirmado que la figura del "asegurado" que se ha sacado de la manga el PP para atender a los inmigrantes en el sistema sanitario, "rompe la universalidad que se recoge en la Constitución y en la Ley General de Sanidad".

"No aceptamos que se limite el acceso a las personas inmigrantes a los servicios de salud. Es una medida indigna, xenófoba e indecente, que lo que intenta es culpar a los inmigrantes de la crisis", ha puntualizado Tovar, para quien las políticas del PP "están produciendo una fractura social importante, pues hay ya diferentes varas de medir en cada comunidad autónoma".

Según González Tovar, el Gobierno regional actúa de forma ambigua, ocultando la realidad. "Hay 6.000 menores inmigrantes que tienen derecho a asistencia, como las embarazadas, y desde la Consejería dicen que están tratando a esas personas con normalidad". "Nos preguntamos si la normalidad es que los inmigrantes no tengan asignado un médico, que no vayan a un centro de salud, que se les envíe a las urgencias, y que eso salga más caro que atenderlos como se había hecho hasta ahora".

"¿Qué tiene la consejera Palacios que decir a esos 2.800 inmigrantes que están catalogados como enfermos crónicos y que hay que seguir atendiendo? ¿Cómo es posible que un inmigrante con dificultades vaya a hacer una póliza y vaya a pagar esos 710 euros mensuales para esa póliza que le quieren ofrecer?", se ha prguntado el líder socialista, que afirmó no entender la actitud del PP.

Tovar ha añadido que, de 167 nacionalidades de inmigrantes, sólo hay acuerdo sanitario con 20 países. "Eso es incompetencia, improvisación, falta de solidaridad, y algo doblemente perjudicial desde el punto de vista de la solidaridad, por no atender a esas personas en dificultades, y también desde el punto de vista de la salud pública, por afectación de la sociedad en su conjunto", ha finalizado.