El exdirectivo de Novacaixagalicia (NCG) Óscar Rodríguez Estrada ha declarado en la Audiencia Nacional que el antiguo director general de la caja única, José Luis Pego, era el encargado de informar sobre los contratos al Consejo de Administración de la entidad, así como al Banco de España, según informaron fuentes jurídicas.

Óscar Rodríguez Estrada, exdirector general adjunto de la oficina de integración, ha comparecido este jueves ante el juez Ismael Moreno en la causa en la que permanece imputado por un delito de administración desleal o, alternativamente, un delito de apropiación indebida por las cantidades adjudicadas en concepto de prejubilaciones.

La Fiscalía Anticorrupción le reclama la devolución de más de 260.000 euros que considera que cobró indebidamente. Su prejubilación ascendió a 700.000 euros más una pensión vitalicia que cobrará mensualmente.

El exdirectivo ha sido el tercero de los cinco imputados en la causa por las prejubilaciones millonarias en comparecer ante el juez Moreno, que ha acordado que se presente cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio.

Anticorrupción había solicitado la imposición de esta medida cautelar, así como la retirada del pasaporte, la cual ha sido rechazada por el magistrado. Moreno acordó este miércoles las mismas medidas para el exdirectivo Gregorio Gorriarán.

En su declaración, las representantes del Ministerio Público le han interrogado sobre la ayuda solicitada al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria por valor de 1.162 millones de euros en la primavera de 2010. A este respecto, ha respondido que Caixanova registraba una situación financiera técnicamente impecable y que Caixa Galicia era la que peor estado registraba.

Ha defendido la legalidad de su contrato, cuya mejora se debía a un concepto de gratificación por los servicios prestados y al que se adhirió, sin tener capacidad de negociar esta cuestión.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional investiga las prejubilaciones millonarias de las cajas gallegas y por las que la Fiscalía reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.

INTERROGATORIOS

Este viernes el juez interrogará al exdirector general de la caja única, José Luis Pego, mientras que el lunes se sentará ante el juez el excopresidente Julio Fernández Gayoso, ambos procedentes de Caixanova. A Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.

El magistrado tomó este miércoles declaración a Gregorio Gorriarán, que fue el directivo que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos cajas gallegas. El juez le impuso comparecencias quincenales aunque no le retiró el pasaporte, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, que considera que cobró indebidamente 913.602 euros.

Moreno abrió los interrogatorios el pasado lunes con la citación del que fuera director general adjunto ejecutivo de Novocaixagalicia, Javier García de Paredes. Este primer imputado afirmó que el banco ahorró 1,5 millones de euros de intereses cuando él cobró anticipadamente por capitalización los 5,36 millones de su prejubilación.

La Fiscalía considera que las cantidades adjudicadas en concepto de prejubilaciones fueron ocultadas "tanto al Consejo de Administración como al Banco de España" y les reclama la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente.

Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros a Gorriarán y 260.940 euros a Rodríguez Estrada. En las peticiones de devolución no aparece Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.

Moreno, que admitió a trámite la querella contra los cinco exdirectivos el pasado mes de junio, considera que todos ellos actuaron "con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia", nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011. La Fiscalía les reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.

Apunta además que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB)".

El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 —en el momento de la fusión— y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías.