Recuerda que la Junta fue la "primera" en denunciar y dice que Rivas tuvo un papel activo en poner los hechos en conocimiento de la Justicia

El PP aporta tres documentos que, a su juicio, demuestran que Mellet y Rivas "pactaron" en 2006 la concesión de la subvención de 900.000 euros

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ha pedido este martes amparo al magistrado presidente del juicio con jurado popular por el presunto cohecho en Mercasevilla, después de que el abogado que ejerce la acusación en nombre del PP le preguntara si fue él quien ordenó pedir a los empresarios de La Raza la comisión ilegal de 300.000 euros a cambio de la gestión de la escuela de hostelería.

Fernández, que ha declarado como testigo, ha protagonizado varios momentos de tensión con el letrado del PP, quien en otro momento del interrogatorio le ha preguntado por su imputación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos —caso por el que estuvo encarcelado varios meses—, lo que ha motivado la airada protesta del abogado del exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, Francisco Baena Bocanegra, quien ha dicho que esas preguntas "son una forma de presionar al testigo".

En ese momento, el juez le ha dicho que "no le hable en ese tono" y ha decidido admitir la pregunta, a la que Fernández ha contestado señalando que "gozo de presunción de inocencia y de las garantías constitucionales", añadiendo que "estoy imputado en el caso de los ERE junto con 69 personas más, ciudadanos andaluces", y que su cese como consejero se debió a la "renovación del Gobierno en 2010" y no a su imputación, que "no tuvo nada que ver".

"Fui cesado de mi cargo junto con tres consejeros más, mientras que Rivas continuó con mi sustituto", ha asegurado el exalto cargo, quien ha querido dejar claro que el propio Rivas "nunca ha sido cesado, sino que dimitió voluntariamente por una imputación penal y para no perjudicar a la institución ni al partido, algo poco habitual en la política española".

El otro momento de tensión ha sido cuando el abogado del PP le ha preguntado si "ordenó a Rivas que, directamente o a través de terceros, exigiera" la comisión "ilegal" de 300.000 euros a los hosteleros de La Raza, lo que ha motivado que Fernández solicite "amparo" al juez, ya que "me parece absolutamente infundado y contra mi honor, es una imputación en toda regla".

Defiende la honestidad de rivas

Asimismo, y sobre el exdelegado provincial de Empleo, el exconsejero ha defendido su honestidad e integridad asegurando que "ni se me ocurre pensar que estuviera implicado" en el caso, añadiendo asimismo que "nunca hemos tenido ningún problema de denuncia política o judicial contra" Rivas, que "nunca me presionó" para que concediera la subvención de 900.000 euros a Mercasevilla.

Durante su declaración, Fernández ha señalado que fue Juan Gallo, entonces director general de la Consejería de Presidencia, quien "me llamó y me dijo que un amigo suyo había sido objeto de una petición por parte de directivos de Mercasevilla, y que lo había grabado". "Era la primera vez que me ocurría eso en mis 15 años de servidor público", por lo que "convoqué a las cinco horas" una reunión en el Parlamento.

A la misma asistieron, además de él, el gerente del SAE, Antonio Toro; el propio Rivas y el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá. "Les conté el tema y todos nos extrañamos, sorprendimos y enfadamos, ya que es la primera vez en la historia de la Consejería que sucede una contingencia de ese tipo". A continuación, ordenó a Barberá que obtuviera la cinta y la oyera, y que "ante cualquier imputación a la Junta de cualquier anomalía, inmediatamente se pusiera en manos" de la Fiscalía.

Expediente de información reservada

Tras destacar el activo papel que tuvo Rivas a la hora de decidir denunciar estos hechos y subrayar que la Junta "fue la primera en denunciar" el presunto intento de cohecho, ha explicado que también "dio instrucciones" al entonces viceconsejero para que abriera un expediente de información reservada en torno al asunto.

La declaración del exconsejero ha tenido que ser suspendida durante 30 minutos después de que el PP pidiera aportar tres documentos "que demuestran que, en 2006, Mellet y Rivas ya tenían pactada la subvención de 900.000 euros" para la escuela de hostelería —a pesar de que Rivas negó haber participado en la tramitación de la subvención—, documentación que ha sido aceptada por el juez al considerar que "tiene relevancia" para el enjuiciamiento de los hechos y que es "pertinente", pues aunque "no están firmados, pueden ser corroborados por otras pruebas".

En concreto, el PP ha encontrado estos tres documentos entre la documentación aportada por la Fundación Socioasistencial Mercasevilla a la juez que investiga un presunto delito societario en el mercado central de abastos, tratándose de la petición por parte de la fundación al SAE para obtener la subvención —de fecha 4 de diciembre de 2006— y de dos borradores de convenio para crear la referida escuela de hostelería, el último de diciembre de 2007.

"deslealtad procesal"

La aportación de esta documentación como prueba ha provocado las protestas de los abogados defensores, e incluso Baena Bocanegra ha hablado de "deslealtad procesal" y de "jugar con la honorabilidad" de las personas, criticando además que en alguno de ellos aparecen juntos los membretes de la Junta y de Mercasevilla, cuando eso "nunca es así". Al término de la sesión, Rivas ha querido dejar claro que estos documentos no están firmados por él.

En la jornada de este martes ha declarado también Agustín Barberá, que ha relatado que, tras reunirse en el Parlamento con Fernández, Toro y Rivas, a cuenta de la grabación, "nos pareció un hecho tremendamente grave y decidimos" abrir un expediente de información reservada; paralizar el pago de la subvención, y, una vez escuchada la grabación, acudir a la Fiscalía, ya que "entendí que era el órgano que debía investigar los hechos".

"Era una auténtica barbaridad que alguien pidiera una comisión en nombre de la Junta", ha señalado Barberá, quien también ha destacado la honestidad de Rivas, "que tenía un enorme prestigio y era una persona absolutamente entregada a su trabajo, que no tenía horas". "No pensé en ningún momento" que Rivas "podía estar implicado" en el presunto intento de cohecho, ha señalado.

EL 'CONSEGUIDOR'

De los eres,

"de parte de la raza y de mercasevilla"

De su lado, el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista Juan Lanzas ha admitido que prestaba sus servicios para el grupo empresarial La Raza y para Mercasevilla, aunque ha dicho que no cobró nada por esta labor de "asesoramiento".

Ha relatado que estuvo presente en dos reuniones en la Delegación Provincial de Empleo de la Junta en Sevilla donde se trató el asunto de la escuela de hostelería de Mercasevilla, y que a estos encuentros asistía "de parte de La Raza y de Mercasevilla".

En este sentido, ha relatado que mantenía una relación "profesional" con el exdirector general del mercado Fernando Mellet desde 2006, a cuenta "del asesoramiento sobre un ERE", y que, en el marco de esa relación "profesional", Mellet le llamó "para preguntarme qué me parecía la idea de una escuela de hostelería", por lo que "le di tres consignas", como son "el sitio para hacerla; que buscara gente que conociera el ramo de la hostelería, y que solicitara ayudas públicas, pues como se metiera él solo se iba a arruinar".

En la jornada de este martes han declarado también el exresponsable de los servicios jurídicos de la Junta Francisco del Río y Juan Gallo, que ha asegurado que, una vez que los empresarios de La Raza le informaron de que exdirectivos de Mercasevilla le habían solicitado 300.000 euros "en un maletín", les pidió "pruebas", tras lo que los empresarios grabaron el segundo encuentro.