La secretaria general de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha exigido este martes a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que se disculpe por proponer como presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGEE) al exdiputado del PPdeG José Manuel Castelao, a quien los socialistas han denunciado ante la Fiscalía por un delito de incitación a la violencia contra las mujeres.

En declaraciones a los medios tras registrar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, Causapié ha afirmado que "el silencio de la ministra es muy significativo de lo que le importa un hecho de estas características, es como si a la ministra no le importase cuando se ofende a las mujeres de este país".

"Pensamos que, como responsable político y miembro de este Gobierno tiene que explicar, tiene que disculparse y reconocer que ese nombramiento no ha sido adecuado y, además, nos preocupa mucho que comparta las opiniones de este señor y su comportamiento", ha declarado.

Causapié ha recordado que Castelao "ha tenido diversas responsabilidades como cargo del PP" y ha asegurado que "ha sido promovido y nombrado" por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y por la ministra Fátima Báñez. "Hemos exigido a ambos que se disculpen por este nombramiento, nos lo expliquen y aclaren por qué han nombrado a este señor que ha tenido una actitud tan ofensiva hacia las mujeres", ha añadido.

Sobre la denuncia en sí, los socialistas han instado a la Fiscalía General del Estado a investigar si Castelao cometió "un delito de provocación e incitación a la violencia contra las mujeres" de los recogidos en el artículo 510 del Código Penal y, específicamente, "un delito de provocación a la violación", por haber afirmado que "las mujeres, como las leyes, están para violarlas" durante una reunión del CGEE.

"Por una acción similar a esta fue condenado en su momento el Iman de Fuengirola a 15 meses de prisión", ha recordado Causapié, para incidir en que su comportamiento fue "una clara ofensa" al ordenamiento jurídico español y a la Constitución y asegurar que hay "suficientes motivos" para que la Fiscalía abra diligencias.