El Partido Popular de la Región de Murcia ha creado una Comisión de Vivienda que estará integrada por profesionales del sector como arquitectos o aparejadores, así como afiliados y militantes de este partido, con el fin de realizar aportaciones a las políticas desarrolladas por el Gobierno central y regional en esta materia, y "mejorar el acceso de la población a la vivienda".

Así lo ha hecho saber en rueda de prensa el diputado nacional por Murcia y portavoz de Vivienda del PP en el Congreso de los Diputados, Teodoro García; la vicesecretaria de Sectorial, Estudios y Programas del Partido Popular, Inmaculada González; y el secretario ejecutivo de Infraestructuras del PP de la Región, José Miguel Luengo.

Esta Comisión se reunirá con los agentes sociales de los distintos sectores de la Vivienda de Murcia, con el fin de hacer llegar al Gobierno central y regional "el sentimiento y la idiosincrasia que tenemos en la materia", según ha afirmado Luengo.

La plataforma va a estar integrada por personas relacionadas con la política regional, así como personas con responsabilidades legislativas a nivel nacional y profesionales del sector, con lo que pretende conseguir llegar a "todos los sectores que tengan algo que ver".

El objetivo de la Comisión es aportar "desde la óptica de la Región de Murcia en lo que respecta al sector profesional, político y empresarial" todas aquellas mejoras, aportaciones y sugerencias que sean susceptibles de ser incorporarse a la "intensa" actividad legislativa que pretende realizar el Gobierno central en esta materia.

Por ejemplo, García ha recordado que la ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, que contenía un apartado específico de vivienda que desglosaba todas las actuaciones que se van a realizar en los próximos años en materia de vivienda.

Asimismo, se ha referido a la Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, cuyo proyecto de Ley fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 24 de agosto, y al que se han realizado aportaciones por parte de la sociedad civil, y cuyo proyecto de Ley está en tramitación en el Congreso.

Este texto, según García, "refuerza la libertad entre las partes, algo que está incrustado en los genes del PP; garantiza el equilibrio de derechos y deberes entre el arrendatario y el arrendador; al tiempo que reduce el tiempo de prórroga obligatoria y el de comunicación del desistimiento del arrendatario".

Al mismo tiempo, ha defendido que este texto "mejora la seguridad jurídica", con lo que "se va a aumentar ese número de viviendas disponibles en el mercado de alquiler".

Así, quien tenga una vivienda en propiedad y tenga miedo a alquilarla por cualquier tipo de situación incómoda en la que se haya visto implicado en el pasado, ahora va a tener "muchas más seguridad jurídica" y el Estado "va a estar garantizando el correcto cumplimiento de los compromisos por parte de arrendador y arrendatario", ha añadido.

Además, ha avanzado que se va a tramitar en los próximos meses la reforma de la Ley de Ordenación de la Edificación y la actualización de la normativa técnica. De la misma forma, el PP se propone desarrollar el observatorio de vivienda y suelo como herramienta para conocer de forma adecuada el mercado de la vivienda.

Dentro de las actuaciones previstas, García también ha destacado la elaboración de un proyecto de Ley sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que va a eliminar las trabas actualmente existentes, y va a fomentar "el uso eficiente y la edificación del suelo".

"Frente a las políticas socialistas improvisadas que hemos tenido durante más de siete años, ahora tenemos un Gobierno nacional que está trabajando para que el sistema sea capaz de generar oportunidades y, así, los ciudadanos obtengan recursos propios para acceder a la vivienda", ha defendido.

Medidas en sector financiero

La Comisión de Vivienda del PP murciano también va a trabajar desde el punto de vista financiero y de los activos inmobiliarios que están en manos de los bancos.

García cree que es preciso "seguir trabajando en la línea del código de buenas prácticas aprobado por el Gobierno y que permite que en situaciones excepcionales aquellas personas que no dispongan de suficientes recursos para afrontar el pago de la vivienda se renegocie con todas las posibilidades que contempla ese código de buenas prácticas".

Recuerda que este código permite negociar "hasta que se llegue a una solución satisfactoria para ambas partes, tanto para el banco que prestó en su momento el dinero, como para el propietario, que por circunstancias de esta crisis económica no está pudiendo satisfacer puntualmente los pagos".

El código establece tres fases, la primera de las cuales se consiste en reestructurar la deuda cuando una persona tiene problemas para pagar la hipoteca, mientras que la segunda fase consiste en realizar una pequeña quita de la deuda. En último lugar, si el hipotecado no puede llegar a un acuerdo, es cuando se produce la dación en pago, con lo que la entidad financiera se convierte en propietaria del inmueble a cambio de condonar la deuda.

García recuerda que el sector de la vivienda "no sólo es suelo, rehabilitación de viviendas o rehabilitación energética de edificios y paternariado público-privado, sino que también tiene un alto componente en el sector financiero". Por ello, ha destacado que el Gobierno central "se ha decidido a poner en marcha normativa que permita sanear los bancos en cuanto a los activos financieros de los que disponen".

El objetivo es permitir que esos activos inmobiliarios "no sean un lastre en los balances" y los gestione "alguien cuya actividad profesional esté centrada en la gestión de esos activos inmobiliarios", para que los bancos "puedan recuprerar la actividad normal y que el crédito fluya a los ciudadanos y las empresas".

Desde este punto de vista, García ha manifestado que el Gobierno central está impulsando normativa dentro del proyecto de Ley de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, que actualmente está entramitación parlamentaria, y que "va a permitir que las entidades financieras trasladen sus activos inmobiliarios a ese banco malo para permitir que comience a fluir el crédito de nuevo".

"aumento del empleo"

No obstante, García ha manifestado que el acceso a la vivienda es "fundamentalmente un asunto de empleo, porque la gente al final lo que quiere es trabajar y, cuando hay unas tasas de paro bajas, la gente puede tener recursos suficientes para acceder a la vivienda".

En este sentido, manifiesta que la mejor política social que hay "es crear empleo, más allá de dar subsidios o ayudas. Consiste en crear las circunstancias adecuadas para que las empresas puedan crear empleo y los ciudadanos puedan trabajar".

Para el acceso a la vivienda, García señala que el Gobierno central ha actuado en la vertiente del alquiler, en base a que España tiene un 17 por ciento de viviendas en alquiler, según el Eurostat, cuando en los países de Europa superan en muchos casos el 30 por ciento. Así, deduce que la gente "todavía tiene miedo a alquilar o el mercado tampoco está muy desarrollado en ese tema".

Por tanto, considera que "permitir en este momento que los ciudadanos puedan acceder a la vivienda con unos precios razonables y con una seguridad jurídica aceptable, es necesario modificar y poner encima de la mesa este proyecto de ley de medidas de flexibilización del mercado del alquiler".