El Ministerio Fiscal ha mantenido invariable su petición global de 36 años de prisión para Ángel J.J. ('Huesos') y otras cinco personas, entre ellas su esposa, María Jesús D.J. ('Perla'), por un delito de tráfico de drogas cometido en 2008, a raíz de una operación policial que comenzó con la detención del primero de ellos tras salir del club 'Yomar-2' al que había acudido para, supuestamente, abastecerse de mercancía que luego vendía en su domicilio del barrio de Pajarillos.

En su alegato final, durante el juicio que ha quedado hoy visto para sentencia en la Audiencia de Valladolid, el representante de la acusación pública ha solicitado seis años de prisión y multa de 850 euros para cada uno de ellos, ya que considera probado que el 'Huesos' y la 'Perla' utilizaban su domicilio, un bajo derecha sito en el número 1 de la calle Cuclillo, para la distribución de cocaína, tarea en la que, presuntamente, contaban además con la colaboración de Alberto C.C. ('Canano'), en tareas de "machaca" o intermediario.

Pero además, el fiscal ha extendido la responsabilidad penal a la propietaria del 'Yomar-2', Henar G.S, y las empleadas del mismo, las hermanas María Belén y Olga L.P, quienes en la vista se declararon "señoritas de compañía".

En este caso, el acusador público fundamenta su convicción sobre la culpabilidad de estas tres últimas en el hecho de que el día 10 de abril de 2008 el 'Huesos' fue interceptado nada más salir del referido club en posesión de 8,43 gramos de cocaína y 0,95 de heroína que había adquirido allí ante el desabastecimiento sufrido en su domicilio de Cuclillo.

La peculiar forma de termosellar las papelinas, idéntica, según la policía, en las halladas al 'Huesos' y las ocupadas más tarde en el burdel registrado, es la principal prueba esgrimida por el Ministerio Fiscal para fundamentar el nexo entre dicho procesado y el 'Yomar-2', así como el trasiego de toxicómanos ante el domicilio de Cuchillo y las distintas actas de aprehensión levantadas a éstos.

Frente a ello, los letrados de los seis acusados, tres de los cuales se declararon toxicómanos y alegaron que la droga ocupada era para su propio consumo, han solicitado un fallo absolutorio y además han invocado la nulidad de actuaciones por vulneración de derechos de sus clientes, ya que, tal y como han denunciado, el registro del club se produjo de forma ilegal.

En este sentido, han recordado que la entrada de la policía en el establecimiento se produjo cinco horas antes de la llegada de la secretaria judicial, periodo en el que los agentes no sólo inspeccionaron zonas públicas sino también dependencias privadas.