El pleno de la Cámara de Comercio de Girona ha aprobado una declaración que respalda todas las decisiones del Parlament de Catalunya para avanzar en el proceso del derecho a decidir, siempre sobre una base democrática, serena, constructiva y legal, ha informado en un comunicado.

Según consta en el texto de la declaración, la manifestación de la Diada marcó un antes y un después sobre la percepción del sentimiento mayoritario de la ciudadanía y de buena parte del mundo empresarial sobre el encaje de Catalunya en España, y "el reconocimiento del derecho a decidir ha pasado a ser un elemento fundamental".

En opinión de la Cámara, todo el proceso iniciado después de la manifestación ha generado una ilusión que rompe con las visiones negativas y la falta de confianza generalizada por la crisis económica.

De hecho, la Cámara lamenta la cantidad de "oportunidades perdidas": el recorte que se hizo al Estatut, la negativa a un pacto fiscal y el incumplimiento continuado del Estado en relación a los compromisos económicos con Catalunya tanto en relación a la Disposición Adicional Tercera del Estatut como al Fondo de competitividad, dice.

A esto, según la entidad, hay que sumarle la desinformación sobre las balanzas fiscales y el "menosprecio sistemático" en materia de infraestructuras, con ejemplos como la falta de inversiones en el Corredor Mediterráneo y la N-II.

"Desde los gobiernos de España se han enfocado nuestras legítimas demandas como problemas exclusivamente catalanes y se nos ha tachado de insolidarios; por ello creemos que se han perdido oportunidades históricas para conseguir entender y encajar constitucionalmente las aspiraciones de Catalunya", cita la declaración.

Así, la Cámara lamenta que la negativa del Gobierno a encontrar una fórmula para avanzar en la resolución de los desequilibrios que perjudican a Catalunya ha dificultado el necesario consenso con el Estado; por este motivo, cree que la resolución aprobada por el Parlament abre un camino que era inimaginable hace poco tiempo.

Finalmente, la Cámara considera que el Estado debe afrontar una "crisis constitucional en toda regla", ya que los acontecimientos de los últimos días han tenido un largo periodo de maduración que la actual asfixia económica de ciudadanos e instituciones ha hecho estallar.