La Diputación de Gipuzkoa ha exigido la aplicación del convenio de Gipuzkoa en las cláusulas de los pliegos para la construcción de la GI-632 y ha anunciado que próximamente presentará una Norma foral para que todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral sean de obligada aplicación.

La diputada foral de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, ha comparecido este jueves en las Juntas para anunciar que la Diputación ha puesto en marcha el proceso de licitación para la construcción del último tramo de la nueva GI-632 entre Antzuola y Bergara y en los pliegos ha insertado "elementos novedosos".

Ugarte ha indicado que el objetivo es que "se respeten las condiciones laborales de los trabajadores e impulsar la inserción en el mercado laboral de la ciudadanía que está en peor situación".

Según ha indicado en un comunicado, el Gobierno foral de Bildu elaborará un proyecto de Norma foral para que "todos los pliegos de condiciones recojan este tipo de requisitos".

Ugarte ha afirmado que el contratista "deberá cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral".

"En particular, deberá aplicar las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa y deberá justificar que las empresas subcontratadas en la ejecución de las obras aplican asimismo las citadas disposiciones", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que "deberá permitir el acceso a la obra a los sindicatos con representación en el sector de la construcción para que puedan comprobar que se respetan tanto el convenio como toda la normativa correspondiente".

El incumplimiento de estos requisitos podrá suponer la imposición de penalidades económicas, "proporcionales a la gravedad del incumplimiento y cuya cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato", ha señalado.

La diputada foral ha indicado que "tales penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía".

Además, ha subrayado que en este contrato se introducen también "otras obligaciones de carácter social" consistentes en la obligación de aplicar, al realizar la prestación, un Plan de Igualdad, el establecimiento de medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, y la contratación de, por lo menos, una mujer, cuando haya que hacer una nueva contratación, siempre y cuando el número de trabajadoras de la plantilla sea inferior al 40 por ciento.

"Estas disposidiones también son de obligado cumplimiento, y pueden conllevar sanciones en caso de incumplimiento", ha añadido. Por otra parte, se contempla que a la hora de la adjudicación "tendrán preferencia aquellas empresas que cuenten en su plantilla con un dos por ciento de trabajadores con alguna incapacidad".