El Colegio de Dentistas de Las Palmas ha redoblado sus esfuerzos en su lucha contra el intrusismo ante la persistencia de este problema en la sociedad canaria, informó la institución en un comunicado.

De esta manera, el presidente colegial, José Manuel Navarro, explicó que "cualquier persona que realice un tratamiento en la boca de un paciente debe ser un profesional que tenga la titulación reconocida para ello pues, de lo contrario, estaría incurriendo en un delito tipificado en el Código Penal".

"Por esa razón el Colegio va a intensificar sus frentes de lucha contra el intrusismo. Por un lado nos esforzamos en la labor informativa y formativa de la población, a través de los medios de comunicación, y por otro, desarrollamos acciones judiciales concretas, así como de carácter administrativo", dijo.

Navarro recordó que "el delito de intrusismo está sancionado con una pena de multa de seis a doce meses, en caso de personas que ejerzan la actividad odontológica sin la perceptiva titulación".

Agregó que se puede obtener en los tribunales penales, y que, de hecho, se ha logrado en varias ocasiones, una condena mayor, dado que se da la circunstancia de que también acarrea un delito de estafa. "En este caso —matizó— la pena podría alcanzar los tres años de prisión si lo defraudado excede de los 400 euros".

Por su parte, al Colegio recomienda a los pacientes que si no están seguros de la atención que están recibiendo, se pongan en contacto con la entidad profesional. La institución le informará de si la clínica a la que acude o el profesional que lo atiende está correctamente autorizado.

Así, la apariencia de legalidad que muchas veces envuelve a las Clínicas sin autorización de apertura lleva a engaño a los pacientes. Por ello, se recomienda a los pacientes que acudan a las autoridades sanitarias si surge cualquier problema o duda.

Lucha contra el intrusismo

El presidente explicó que su actuación "se realiza desde distintas vías. Una de ellas es el ámbito informativo, ya que el Colegio promueve iniciativas formativas e informativas a que tienen como objetivo concienciar a la población; otra es la vía judicial, a través de nuestro gabinete jurídico".

"La institución —continuó— se persona en los casos como acusación y además presta su asesoramiento legal a los pacientes afectados; y por último, la vía administrativa, ya que promovemos que la Inspección de Sanidad realice las comprobaciones pertinentes y que levante acta e imponga una sanción si es necesario".

Concluyó que en Canarias los datos son "preocupantes", tanto, que hasta el propio Consejo General de Dentistas alertó este mismo año, a través de su presidente, Alfonso Villa Vigil, en el Congreso Derecho y Salud que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria, que "los dentistas están muy preocupados ante el auge que está tomando este tipo de prácticas ilegales, que observan en algunos protésicos y que pretenden hacerse pasar ante la opinión pública como si fuesen sucedáneos de dentistas".

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