Jaime de Marichalar ha abonado ya la sanción que se le impuso en el expediente administrativo abierto por la Subdelegación del Gobierno de Soria por el accidente sufrido por su hijo Felipe Juan Froilán, que se disparó en un pie el pasado 9 de abril cuando ambos se encontraban en la finca familiar Garrejo de Garray (Soria).

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria han explicado que Marichalar recibió el pasado mes de julio la notificación de la sanción, que ya ha sido satisfecha aunque su importe no ha sido desvelado para preservar la privacidad del afectado.

Si bien, según ha informado a 20minutos.es el presidente de Asociación Contra la Tortura y el Maltrato a los Animales (Actyma), Arturo Fernández, Jaime de Marichalar podría haber sido sancionado con una multa de 150 euros, como consecuencia de ese expediente, una cantidad que, según ha indicado, no ha podido contrastar con la Delegación de Gobierno, a pesar de haberlo intentado en reiteradas ocasiones.

"Se está intentando tapar el tema para que pase lo más desapercibido posible", ha lamentado Fernández, tras explicar que accidentes "tan graves" como el ocurrido derivan en multas que parten de los 600 euros.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León no ha notificado hasta esta semana a Actyma —que interpuso en abril una denuncia administrativa— la incoación del citado expediente sancionador a Marichalar, que ha quedado cerrado con el abono de la correspondiente multa.

A juicio de la asociación, se trataba de un caso de vulneración del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas y que prohíbe la utilización de la escopeta de caza con la que el hijo de Marichalar se disparó en el pie accidentalmente, siendo menor de catorce años.

En vía penal los hechos ya fueron archivados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Soria al entender que los mismos no son constitutivos de un delito de imprudencia, sino que, en su caso, podían serlo de una falta de imprudencia, falta privada y perseguible a instancia de parte legitimada, algo que no ocurrió finalmente.

En el auto, la juez explicó que los hechos, "si bien pudieran ser constitutivos de una falta cometida por imprudencia, están sometidos al régimen de denuncia previa de la persona agraviada o de su representante legal o, en su caso, del Ministerio Fiscal, al ser el perjudicado menor de edad", por lo que faltando ese requisito y tratándose de una "falta privada", procede acordar el archivo.