La Guardia Civil ha detenido a 13 personas y ha imputado a otras dos por pertenecer a una red organizada que se dedicaba al alquiler de máquinas de obra de gran envergadura en las provincias de Murcia y Albacete para su posterior manipulación y subasta en Internet. Los principales destinos eran países del norte de África y del Golfo Pérsico, según han informado fuentes de la Benemérita en comunicado.

Los agentes, dentro de la operación 'Ícarus', han investigado la situación legal de más de un centenar de máquinas que estaban en poder de la organización y ha inmovilizado 80 de ellas.

Además, han llevado a cabo nueve registros en locales y almacenes propiedad de la red delictiva, cuatro en Mula (donde tenían su centro operativo), dos en Barqueros (Murcia), dos en Sangonera La Seca (Murcia), y uno en Librilla (Murcia), así como una inspección en Castellón, donde se recuperaron 5 máquinas que ya habían sido vendidas por Internet a terceros países, una de las cuales ya estaba en un camión camino de Italia.

Se estima que la organización ha comercializado hasta el momento unas 70 máquinas por un valor de 38.235 euros cada una. Estas cifras pueden sufrir un incremento, ya que no se descarta que se esclarezcan otros hechos similares. Se calcula que el beneficio medio obtenido por cada una de las maquinas sustraídas superaba con mucho el 700% del capital invertido para sustraerlas, es decir, el dinero que se pagaba en concepto de alquiler.

El líder de la trama

Una vez identificados algunos de los integrantes de la red, los agentes registraron sus domicilios y empresas, donde obtuvieron indicios sobre la identidad del cabecilla de la trama, procediendo al registro del local y almacenes que éste regentaba, donde encontraron diversa maquinaria.

Se trata de un empresario dedicado a la compra, venta y alquiler de máquinas de obra, lo que explica, no solo sus conocimientos a la hora de planificar y ejecutar las acciones de la organización, sino el que contase con algunas informaciones que los investigadores y los perjudicados se intercambiaban para avanzar en la investigación.

Esta persona creó un laberinto de empresas tapadera que controlaba por medio de un colaborador, al que tenía coartada su voluntad por haber contraído con él una elevada deuda económica. Éste a su vez utilizaba a su padre, hermano y un vecino como testaferros al frente de las sociedades por medio de las cuales vendían las máquinas sustraídas.

Además, contaba con una persona que controlaba al resto de integrantes que alquilaban las máquinas. Éstos eran empresarios con dificultades financieras y personas con deudas por consumo de drogas. Se encargaban de alquilar las máquinas y de sustraerlas posteriormente a cambio de pequeñas compensaciones económicas o de poder saldar sus deudas.

La red utilizaba las identidades de alguno de sus clientes o proveedores para adquirir los teléfonos utilizados en los hechos y para alquilar una nave industrial donde ocultaban, modificaban y volvían a identificar las máquinas sustraídas.