El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha insistido este lunes en su acusación al Gobierno central de alejar al archipiélago del Estado a través de la aplicación del sistema de financiación autonómica, así como por el "ajuste" que el archipiélago sufre en inversiones desde 2011.

Rivero ha reiterado que existe una "desviación notoria" respecto a Canarias en la aplicación del sistema de financiación autonómica, ya que recordó que el archipiélago está perdiendo 384 euros por habitante, lo que supone "más de 800 millones de euros con respecto a la media española".

"Es absolutamente injusto que en estos momentos un cántabro reciba más de 800 euros al año que un canario para sanidad, educación y políticas sociales", apostilló en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Y es que el presidente del Ejecutivo canario recordó que el sistema de financiación autonómica está orientado "a financiar los servicios esenciales, la sanidad, la educación y las políticas sociales".

Es por ello que consideró que el análisis del sistema, que esta en vigor desde 2009, "no esta cumpliendo con el objetivo de converger", en relación a que los ciudadanos, "vivan en el rincón que vivan del Estado español, tengan la misma cantidad per capita para atender a sus servicios esenciales".

Asimismo, Rivero subrayó que también existe una determinada medida que "está alejando a Canarias del Estado". En este sentido, aseguró que las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy en relación a las islas "no están centradas exclusivamente en los presupuestos de 2012" sino que, afirmó, ya en 2011 el ajuste de las inversiones en Canarias "fue de un 49 por ciento cuando en la media de España estuvo en el 30 por ciento".

En este sentido, agregó que además de ese ajuste en inversiones, los dos convenios que Canarias tenía suscritos con el Gobierno en materia de carreteras y del Plan integral de Empleo "no tienen plasmaciones" en los presupuestos, tratándose, reiteró, de compromisos acordados con cantidades plurianuales, lo que crea al Ejecutivo autonómico un "grave problema con respecto a terceros".