La Unión de Consumidores de Euskadi-UCE ha denunciado que la petición de los operadores de telefonía a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) para "impedir" a los usuarios que cancelen la portabilidad, supone "un atentado en toda regla" contra la libertad de elección y de mercado.

En un comunicado, la UCE ha lamentado que, después de que se decidiera rebajar "de cinco días a 24 horas" el tiempo para realizar el traspaso de clientes entre operadores móviles, "este procedimiento vuelve a ser objeto de polémica". En este sentido, ha advertido de que, en caso de aprobarse la iniciativa de los operadores, "se prohibirá al usuario la elección de una eventual mejor oferta de su operador y revocar su petición previa de portabilidad".

La UCE ha denunciado que "se trata de impedir que el usuario sea el que disponga en todo modo de la soberanía de sus decisiones, que no es otra cosa que poder ejercer la libertad de elección en todo momento".

"La libertad de elección incluye que el cliente pueda hasta revocar una solicitud de portabilidad ya formulada. La cancelación del traslado de operador es la otra cara de la moneda de la petición de cambio. Ambas manifestaciones de voluntad, solicitud y cancelación, conforman la libre elección del usuario", ha reclamado.

Para la Unión de Consumidores, "no resulta justificable argumentar que, al fijar la portabilidad en 24 horas, los plazos son demasiado justos para incluir en el proceso las posibilidades de anulación y que da opción a que se produzcan errores". Según ha indicado, son los operadores los que se benefician de esta iniciativa y, por tanto, "deben poner remedio a los eventuales efectos perjudiciales que para los usuarios puedan derivar de la misma".

"De ser cierto este argumento, la Unión de Consumidores de Euskadi-UCE entiende que o el procedimiento está mal regulado o que los operadores receptores no tienen adecuada su infraestructura y agilidad operativa al nivel de portabilidades acumuladas en 24 horas o que dificultan la cancelación voluntariamente al establecer obstáculos en su tramitación o incumpliendo dolosamente la voluntad del usuario", ha planteado.

De cualquier modo, ha insistido en que, para resolver esta "lesión de derechos" del usuario, no se puede "limitar sus derechos básicos en un sistema de mercado", sino que se deben sancionar "las prácticas que les perjudican".

En relación con la petición de que se prohíban las contraofertas para retener a clientes, la UCE ha afirmado que no es "lógico" que, en el sector de la telefonía móvil, "en el que la comercialización de productos se desarrolla en un mercado en competencia y con prácticas tan agresivas", se intente "obligar" al cliente a que "materialice el cambio de operador por la vía de impedir o condicionar la actividad comercial de cualquiera de los operadores ofertantes".

Del mismo modo, ha censurado que se "restrinja" el derecho del cliente a estar informado "en todo momento" de las ofertas que cualquier operador pueda hacerle llegar, porque "el derecho a la información siempre y en cualquier circunstancia, es uno de los principios básicos y fundamentales de la competencia y el libre mercado".

Para la UCE, "lo que pretenden los operadores es conseguir que la CMT establezca reglas que preserven su cartera o cuota de mercado, condicionando así gravemente la libertad de mercado, pasando por encima de los derechos de los usuarios y rompiendo la neutralidad que debe caracterizar las actuaciones de la CMT".

5,6

Millones de portabilidades

La asociación de consumidores ha explicado que, en 2011, según datos de la CMT, se registraron en España 5,6 millones de portabilidades entre operadores de móviles, con una media mensual de 460.000, lo que evidencia que "ni las contraofertas ni las cancelaciones han impedido la configuración de un mercado muy dinámico".

En los dos primeros trimestres de 2012, ha destacado, los datos reflejan una caída de las portabilidades, que se concentra, sobre todo, en el segundo trimestre en el que la media mensual se sitúo en 353.000, aunque "también es cierto que el sector de la telefonía móvil ya no está siendo tan dinámico" y acumula una pérdida anual de 1,1 millones de líneas.

En este contexto, ha subrayado que los operadores "no pueden pretender incorporar nuevas restricciones a la libertad de los usuarios", en este caso desde la regulación, ya que "utilizan mecanismos contractuales como el establecimiento de tiempos de permanencia y las penalizaciones a los usuarios en el supuesto de incumplimiento de estos plazos".