El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, que ha asistido este jueves en Granada a la apertura del año judicial, ha dicho entender las protestas convocadas por los sindicatos representados en la administración de justicia frente a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero ha insistido en que los recortes vienen impuestos por el Gobierno Central.

En declaraciones a los periodistas tras el acto institucional, el consejero ha considerado que no se puede hablar de "maltrato" a los funcionarios, sino de "maltrato a toda la ciudadanía por parte de esta crisis", y ha señalado que "la gente de la calle no se da cuenta de que con su esfuerzo personal están supliendo las deficiencias de un sistema de justicia antiquísimo".

Así, aunque cree lógico que los funcionarios estén "molestos" por el recorte de sus sueldos ha dicho que la Junta de Andalucía "no tiene ningún tipo de responsabilidad en ellos", sino que simplemente se ha limitado a cumplir "por lealtad institucional" los decretos ley aprobados al respecto por el Gobierno de Mariano Rajoy. En ese punto, ha recordado que la Administración Autonómica dejó sin efecto el recorte salarial que impuso a los funcionarios en un principio, al conocer que el Gobierno había decidido también disminuir sus salarios.

En lo que respecta al discurso del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en la apertura del año judicial, el consejero ha coincidido en la necesidad de que se produzca una "reorganización y redistribución de los funcionarios de justicia", para lo que el Gobierno andaluz está trabajando en un proyecto, el de la Oficina Judicial y Fiscal, que espera poner en marcha "en el tiempo más breve posible".

Para De Llera, en una sociedad moderna "lo lógico" es que los trabajadores de la justicia se especialicen y una estructura organizativa "permeable" y "sin compartimentos estancos".