La delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Granada Santos, ha anunciado que se trabajará con las cinco familias desalojadas el día 20 de septiembre por la Policía Nacional de la 'Corrala La Alegría', nombre otorgado al colectivo constituido en torno al número 158 de la calle Feria de la capital hispalense, desde instrumentos como la Oficina Andaluza de Defensa de la Vivienda, que se pondrá en marcha este lunes.

Tras visitar el Museo de la Cerámica de Triana, junto al concejal de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano (PP), Santos ha indicado que se les está ofreciendo el trabajo que se está realizando con esta oficina, "que se pondrá en marcha el día 1 de octubre y que creemos que va a paliar el aumento de desahucios".

Así, ha explicado que esta oficina cuenta con tres ejes fundamentales, que dependerán de la situación en la que se encuentre la familia que necesita la ayuda, como son prevención, intermediación y protección. Santos explica que la previsión es fundamental para intentar articular los medios necesarios para que la familia "no se vea al borde de sufrir la pérdida de su vivienda", mientras que apunta a la intermediación como uno de los pilares de la intervención.

Según detalla, la intermediación supone "estar del lado de la familias que están en esta situación y presionar a la banca" para que el código ético de buenas practicas establecido por parte del Gobierno central en vez de ser voluntario "tenga un carácter más obligatorio". "Se trata de acompañar a las familias que se ven desesperadas ante esa situación tan desagradable porque no es lo mismo que una familia se enfrente sola a la banca a que esté la Administración detrás, dándole asesoramiento jurídico y un trato exquisito para que estos momentos sean lo menos duros posibles", sentencia.

De este modo, considera que las soluciones habrían de pasar por hacer el código de buenas prácticas obligatorio, que haya dación en pago "como opción justa" si no se puede evitar el desalojo o que si una familia "en un momento dado no puede pagar la hipoteca pues que se den otras opciones como el alquiler social". "Hay que buscar recovecos para que las familias no se vean en la calle", agrega.

Santos espera que cuando se ponga en marcha la oficina disminuyan los desahucios y, aunque advierte de que es un problema "globalizado y solos no podemos resolver nada de forma inmediata", insiste en que estas acciones suponen poner "nuestro granito de arena", ya que la Administración tiene que servir a la ciudadanía y no poner más obstáculos".

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