Más de 30 entidades de personas con discapacidad intelectual se encerrarán desde este jueves y hasta el sábado, 29 de septiembre, en sus centros, con el fin de reclamar la deuda que la Generalitat tiene contraída con ellas y que las está llevando a la quiebra, según ha informado la organización en un comunicado.

Profesionales, voluntarios, familiares y personas con discapacidad vivirán y dormirán durante dos noches y tres días en sus centros como medida de protesta ante una situación "que ya es totalmente insostenible" y que se une a las caceroladas que se llevan celebrando esta semana frente a la Consellería de Bienestar Social. Acciones que finalizarán en una primera fase, el próximo 11 de octubre, con una concentración y Asamblea Ciudadana en la Plaza de la Virgen en Valencia.

Sólo de la Consellería de Bienestar Social se debe a estas entidades más de 15 millones de euros, que se suman a la deuda de las Consellerías de Empleo, Educación y Sanidad, lo que ha llevado al "colapso" a muchas de ellas que no pueden pagar a proveedores, ni las nóminas de sus trabajadores desde hace meses, ni siquiera prestar los servicios que hasta el momento prestaban. Así, muchos padres han tenido que hacer frente a cubrir gastos para que los centros no cierren, pero la situación "ya está atentando contra los derechos del colectivo y contra su dignidad", han subrayado las mismas fuentes.

La deuda que tiene contraída la Generalitat valenciana con el sector, unido a los recortes del Gobierno y en la Ley de promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en situación de Dependencia, "está poniendo en peligro los derechos conseguidos durante más de 40 años de trabajo y esfuerzo para que las personas con discapacidad intelectual fueran ciudadanos de pleno derecho y no ciudadanos de segunda", han dicho.