El fiscal anticorrupción Juan Pavía defiende la competencia de la Audiencia Nacional en el caso del presunto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino porque, aunque la cuantía de la supuesta estafa sólo fue de 3 millones de euros, la UE sancionó a España con la pérdida de 113 millones en ayudas agrícolas.

El representante del ministerio público contestó así a las alegaciones de las defensas de los imputados, que sostuvieron que la Audiencia Nacional no era el órgano judicial competente en este caso.

A su juicio no había "defraudaciones que puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, ni en la economía nacional".

El fiscal, por su parte, recordó que este proceso no se inició por iniciativa del ministerio público, sino por la denuncia de la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, y que fue ella la que planteó que el caso "debía verlo" la Audiencia Nacional, señalándola como competente.

Empieza el juicio en la Audiencia Nacional

Ajena a ese cruce de opiniones entre la fiscalía y los abogados defensores, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar, en la sede del tribunal en la Casa de Campo, en Madrid, al ex subsecretario de Agricultura y ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca y otros 18 acusados.

Para ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre 7 meses y 3 años de cárcel y multas de entre 6.000 y 191.000 euros por el denominado "fraude del lino", consistente en la obtención irregular de ayudas de la UE para la transformación de esta planta para su uso textil.

En el escrito de conclusiones provisionales del fiscal se imputa a López de Coca un delito de tráfico de influencias, por el que se pide 1 año de prisión, multa de 144.242 euros e inhabilitación especial para ejercer cargo público por cuatro años.

Se le acusa de presionar al ex consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha para modificar una Orden autonómica que excluía a sus hijos y otros familiares de la obtención de ayudas de la UE.

Al resto de imputados, agricultores y responsables de empresas transformadoras de lino, se les acusa de delitos de falsedad en documento oficial o mercantil y fraude de subvenciones.

La investigación se inició a raíz de la comunicación a las autoridades españolas, en marzo de 2001, de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que alertó de las irregularidades. En la primavera de 2005, la Comisión Europea (CE) exigió a España