Los jueces y fiscales de Sevilla no descartan convocar una nueva huelga a partir de octubre, como la protagonizada en el año 2009 tras el caso Mari Luz, para protestar por el "colapso" judicial y la "sobresaturación" de los distintos órganos, por lo que han instado al Gobierno central a "negociar" de manera mediata con las distintas asociaciones de jueces y fiscales mejoras en la carrera judicial.

Así, tanto la Junta General de jueces de Sevilla como los magistrados de la Audiencia Provincial y los fiscales han acordado este viernes por unanimidad adherirse a las protestas promovidas por los jueces decanos de toda España y las asociaciones de jueces y fiscales a través de la Comisión Interasociativa, que mostraron su rechazo a los recortes y las medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En el caso de los jueces destinados en los órganos unipersonales sevillanos, el juez decano, Francisco Guerrero, ha criticado el "vaciamiento" de la independencia y del poder judicial; la "ausencia" de voluntad política para modernizar la Justicia; la ausencia de inversión y el "recorte" en medios materiales y personales, que deriva en un "generalizado" e "inaceptable" retraso en los señalamientos, o la congelación de plazas judiciales.

Rechazo a la reforma del cgpj

Tras la Junta General, a la que han acudido más de 70 jueces, Guerrero ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha referido a la "descoordinada, caótica, y desordenada" gestión de la Administración de Justicia "compartida" por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, y ha mostrado la oposición de la Junta General de jueces de Sevilla a la reforma del CGPJ, que "pretende dejar este órgano reducido a su mínima expresión" y "atrofia" su capacidad constitucional de actuación.

Por todos estos motivos, el juez decano convocará de manera "inmediata" juntas sectoriales y una junta provincial a fin de debatir las medidas a adoptar, entre las que se encuentran "el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley", la posibilidad de llevar a cabo paros parciales e incluso una huelga, y lo que ha denominado como "autorregulación".

Así, en las juntas sectoriales se debatirá y establecerá la carga de trabajo asumible para cada órgano judicial "conforme a criterios de calidad", ya que actualmente "es censurable la ausencia de un estudio serio para determinar" una carga "admisible y razonable" para cada juzgado o tribunal, por lo que "es evidente la necesidad de establecer un sistema por el que se creen de forma inmediata nuevos juzgados una vez alcanzada la cara máxima razonable".

Limitación en los señalamientos de juicios

"Es necesario que el CGPJ determine cuáles son los módulos —número de asuntos que debe resolver anualmente cada juez—, y sobre esa base se adoptarán los acuerdos de autorregulación o limitación de señalamientos de juicios que creamos oportunos", ha subrayado Francisco Guerrero, quien ha puesto de manifiesto que si los asuntos superar el referido módulo "los asuntos se irán amontonando y terminarán con el colapso del órganos, con señalamientos a bastantes años vista".

De igual modo, la junta general de jueces ha acordado pedir la creación de un catálogo donde se definan las enfermedades profesionales "derivadas del exceso de trabajo, del estrés derivado del colapso y de la imposibilidad de sacar los asuntos".

De su lado, los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla han celebrado esta mañana un 'plenillo', al que han acudido la mayoría de los 32 magistrados de las ocho secciones civiles y penales, en el que han acordado rechazar los recortes en los derechos estatutarios de jueces y magistrados, en relación a permisos, bajas por incapacidad laboral o sustituciones.

"cumplimiento estricto de las horas de audiencia"

Tras el 'plenillo', el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, ha señalado a los periodistas que, por su parte, "comprenden la dificultad de la actual coyuntura económica, por lo que no es el momento" de realizar reivindicaciones económicas, aunque sí han acordado otras medidas como el "cumplimiento estricto de las horas de audiencia", de manera que si un juicio pudiera prolongarse mucho más allá de las 13,30 horas, se suspendería hasta otro día.

El presidente de la Audiencia Provincial ha pedido al CGPJ el establecimiento de unos módulos de trabajo "razonables y que marquen la carga máxima de trabajo de la Audiencia y los distintos órganos", aunque mientras esto sucede los magistrados de la Audiencia han acordado ratificar el acuerdo por el que se establece una carga máxima de trabajo de 220 resoluciones de fondo por magistrado y año en las secciones civiles, y de 300 en el orden penal.

La excesiva carga de trabajo afecta personalmente a los magistrados y tiene consecuencias en forma de bajas, ha señalado Damián Álvarez, quien ha indicado que, en el 'plenillo', se ha ratificado el acuerdo adoptado el pasado mes de mayo por el que se pidió la creación de una sección penal, destinar un magistrado más a cada una de estas secciones o crear plazas de juez de adscripción territorial.

Asimismo, han ratificado la solicitud para establecer comisiones de servicio "escalonadas", de forma que a la Audiencia se trasladen magistrados destinados en los juzgados penales, y que a esos juzgados se destinen jueces de los partidos judiciales de la provincia, que serían cubiertos con algunos de los jueces que salen de la escuela judicial y que, actualmente, no tienen plaza. Esta propuesta, según ha destacado, ha sido "bien recibida" en el seno del CGPJ.