El Pleno del Congreso, solo con los votos del PP y del diputado de UPN, ha aprobado este jueves el decreto-ley del Gobierno para dar al Ministerio de Defensa un crédito extraordinario de casi 1.800 millones de euros para "ponerse al día" con la industria armamentística y abonar los pagos pendientes entre 2010 y 2011.

La medida ha contado con el rechazo de la oposición, que ha criticado tanto las formas como el objeto de la propuesta.

Ese decreto ley, en vigor desde la aprobación por el Gobierno alegando razones de "extraordinaria y urgente necesidad", permite a Defensa disponer de 1.782 millones de euros para abonar la deuda acumulada en estos últimos años.

El 6% de esos fondos se destinarán a facturas pendientes del programa Eurofighter, en el que España participa junto a Italia, Alemania y Reino Unido. Además, unos 242,3 millones de euros se desinarán a los carros de combate 'Leopardo' de General Dynamics-Santa Bárbara; 187,8 millones de euros, a los buques de acción marítima de Navantia y 76,3 millones para los helicópteros 'Tigre' que fabrica Eurocopter, entre otros.

Al presentar la medida ante el Congreso, el ministro Pedro Morenés ha señalado que la propia industria de Defensa, desde las cúpulas directivas hasta los comités de empresa, venía reclamando una solución porque "a todo el mundo le gusta que le paguen las cosas que ha hecho".

En su opinión, este crédito extraordinario permitirá aliviar la difícil situación contable de las empresas nacionales de Defensa y contribuirá al mantenimiento de los empleos y a la recuperación de la credibilidad de España como "cliente y socio". "La industria de Defensa es necesaria y genera riqueza", ha recordado.

Morenés culpa al Gobierno socialista de la "compleja situación" creada por los pagos pendientes de los programas armamentísticos, pues en 2009 puso un techo de gasto a los programas especiales de armamento, pero entiende que el actual Ejecutivo "tiene que pagar sus deudas y lo hace por criterios de responsabilidad y de credibilidad".

Eso sí, ha avisado de que "poner el contador a cero" solo es "el primer paso" y a partir de ahí habrá que sentarse a negociar con las empresas el futuro de estos programas pactados con la industria, que suponen unos 31.000 millones de euros a pagar hasta 2025. "Esto es un paso esencial, pero no es el único paso", ha señalado, ofreciendo diálogo a la oposición.

El PSOE, que ha ejercido el turno en contra para tratar de tener un debate 'cara a cara' con el ministro pero el Gobierno ha declinado contestarle, ha rechazado la medida criticando tanto la forma como el fondo del decreto-ley.

Según su portavoz, Diego López Garrido, no tiene sentido recurrir al procedimiento de urgencia del decreto-ley cuando el vencimiento de los compromisos se conocían desde hace quince años, pues proceden de contratos firmados en la etapa de José María Aznar. "Es un crédito extraordinario para una compra nada extraordinaria", ha señalado.

Tras resaltar que "nadie habla de no pagar" las facturas, sino de renegociar los contratos, López Garrido ha cuestionado las prioridades del Gobierno a la hora de atender compromisos pendientes: "No hay dinero para políticas sociales y sí hay dinero para la industria armamentística", ha dicho.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, quien considera que, en esta coyuntura de crisis, las empresas de armamento tendrían que esperar a cobrar como les ocurre a muchos ciudadanos.

También Irene Lozano, de UPyD, ha incidido en la trayectoria profesional de Morenés y, aunque comparte el principio general de que hay que pagar las deudas, cree que el ministro ha hecho un "discurso de lobbista" de las grandes empresas, pero sin garantizar que los pequeños proveedores vayan a cobrar.

Para Alfred Bosch, de Esquerra Republicana (ERC), el Gobierno debería preguntarse si "realmente es decente" destinar este dinero a la industria armamentística en un contexto de recortes y puso en duda la utilidad de esas armas, salvo que se quiera emprender "otra calaverada en el exterior" o incluso "intervenir en alguna parte del territorio del Estado".

Igualmente, Joan Baldoví, de Compromís-Equo, se ha quejado de que el Gobierno deje claro cuáles son sus prioridades de gasto: "No hay dinero para las personas, pero sí lo hay para las armas", ha lamentado.

Los nacionalistas Arantza Tapia (PNV) y Jordi Xuclà (CiU), centraron sus críticas en las formas, reprochando al Gobierno el mecanismo del decreto-ley sin esperar a los Presupuestos Generales que deben presentarse en próximas semanas.

Por parte del PP, Vicente Ferrer centró sus críticas en el PSOE, acusando a los socialistas de ha haber hecho un "simpa" con las industrias armamentísticas. "Ustedes invitan y otros pagan. A mí no me inviten a almorzar", ha comentado.