El Grupo Popular en el Parlamento andaluz ha registrado una iniciativa en la Cámara autonómica para que el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, dé "explicaciones" acerca de una orden que, según ha señalado el portavoz 'popular' de Justicia, Juan Ramón Ferreira, ha elaborado su departamento y en la que se fija una reducción de "hasta un 18 por ciento" de las retribuciones de los abogados y procuradores que prestan asistencia gratuita en los turnos de oficio y de guardia, así como aprueba un "incremento" de sus servicios.

Según ha explicado Ferreira en una nota, dicho informe ha sido elaborado por la Consejería "a finales de julio" y trasladado al referido colectivo de abogados "a tres días hábiles del inicio del periodo de inactividad del mes de agosto", y, en su preparación, la Junta no ha contado con "la participación de los colegios profesionales", de forma que ha "impuesto" en ella sus propios criterios.

En concreto, Ferreira ha precisado que la reducción retributiva llega "en algunos casos" al 18 por ciento, del que "el diez por ciento procede de recorte directo y más del ocho por ciento es consecuencia de la no actualización del IPC en los últimos años".

No obstante, el representante 'popular' ha aseverado que la orden puede quedar "anulada", ya que la Junta "sólo ha dado siete días de plazo para evaluarla", algo que, ha indicado, "vulnera la normativa recogida en la Ley 6/2006 de 24 de octubre, que establece con claridad que el plazo no debe ser inferior a 15 días".

En opinión del portavoz de Justicia del Grupo Popular, estas modificaciones en las retribuciones de los abogados de oficio y de guardia, unido al "incremento" de los servicios que también quiere "imponer" la Junta, podrían suponer el "desmantelamiento" de esos turnos, que sufren, ha apostillado, una situación de "asfixia financiera" por culpa de los "impagos y recortes salariales" de la Administración autonómica, que provoca que haya "profesionales que se planteen dejar de prestar este servicio".

En ese sentido, Ferreira ha remarcado que la Junta mantiene "una deuda con los colegios de abogados y profesionales que prestan estos servicios", a la vez que "tampoco ha terminado de liquidar los servicios de turno de oficio del tercer trimestre de 2011, queda pendiente todo el trimestre del año pasado y no se ha liquidado ningún servicio correspondiente al ejercicio de 2012".

Por todo ello, el PP-A rechaza el "incremento de servicios" que proyecta la Junta, que tacha de "surrealista" al "no ir acompañado de un aumento del presupuesto destinado a ello", que, lejos de eso, "se reduce drásticamente".

En ese sentido, Ferreira ha criticado también la "falta de sensibilidad y diálogo" que, en su opinión, ha demostrado el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, algo que le "sorprende", ya que "ha desarrollado toda su carrera profesional dentro de la Administración de Justicia y debe conocer bien sus necesidades", y a quien solicitará por ello explicaciones en el Parlamento.