El abogado del empresario Manuel Jove, el letrado José Antonio Caínzos, ha tildado de "surrealista" y "maliciosa" la demanda presentada en 2010 por la administración concursal de Martinsa-Fadesa, por los terrenos de Loreto, en Baja California (México), y ha afirmado que con ella se buscó "perjudicar el derecho al honor" del los dos demandados, el expresidente de Fadesa y su exconsejero delegado, Antonio de la Morena.

En la última sesión del juicio que se ha celebrado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, la administración concursal ha mantenido, por su parte, su tesis de que los terrenos se vendieron a un precio "desorbitado" y por ello ha pedido que los demandados abonen una indemnización de 108 millones de euros por unos terrenos por los que se pactó un precio de 118 millones.

El precio ha sido uno de los principales argumentos de la abogada de la administración concursal, Antonia Magdaleno, que ha asegurado que hubo por parte de Manuel Jove una "operación diseñada por y en su interés" y con la colaboración, en su opinión, del exconsejero delegado para la compra de los terrenos por 1,2 millones de euros y su posterior adquisición a un precio superior.

"Hizo lo necesario para que Fadesa comprara al precio que él decidió cuando ya se iba a vender a Martinsa", ha indicado en relación a la compra por parte de esta compañía de la inmobiliaria Manuel Jove.

Asimismo, ha argumentado que entre agosto de 2004 —cuando compró los terrenos Manuel Jove— y septiembre de 2006 —cuando los vendió— no hubo "inversiones significativas que justificasen el aumento de precio".

"Sin la MIA —la declaración de impacto ambiental— era imposible dar comienzo a actividad alguna", ha incidido también la letrada en referencia a un requisito obtenido durante la etapa de Martinsa-Fadesa.

Demanda "errática"

Frente a su argumento de que hubo una "oportunidad de negocio pérdida", el abogado de Manuel Jove, en coincidencia con las tesis del abogado de Antonio de la Morena durante el juicio, el letrado Pedro Rodríguez Rodero, ha tildado de "maliciosa", "surrealista" y "errática" la demanda.

Así, ha indicado que su objetivo ha sido "perjudicar el derecho al honor de los demandados" cuyas actuaciones ha calificado de "perfectamente lícitas" al negar que fueran "dolosas" o existiese "engaño" en la operación de venta de los terrenos.

Asimismo, ha acusado al presidente de Martinsa, Fernando Martín, de "faltar a la verdad de principio a fin" cuando declaró en el juicio. "Insultó al buen nombre de los demandados", ha señalado el letrado que ha pedido la imposición de costas a la parte contraria para "reparar el buen nombre de los demandados", ha sentenciado.

Por otra parte, ha centrado su argumentado en las siete periciales aportadas por la defensa, frente al perito de la administración concursal, "una prueba que venía muerta", ha señalado al rechazar, entre otras cuestiones, que la obtención de la MIA hubiese cambiado el valor de los terrenos. También ha descartado que se hubiese aportado "ni una sola prueba" para aceptar los términos de la demanda.