¿Permitirá de verdad la nueva ley el desahucio de una vivienda de alquiler en diez días?

La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada por el Gobierno ha alegrado más a propietarios que a inquilinos. Una de las razones, y hay más, es que en teoría la reforma permitirá desahuciar al inquilino que no pague, y que ese desahucio podrá llevarse a cabo en solo diez días.

La nueva normativa modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los plazos y los procedimientos judiciales. Habrá un periodo de diez días para que el arrendatario pague la deuda. Si no la abona o no comparece, se dará por terminado el recurso y mediante el auto del juez finalizará el proceso.

Pero en la práctica, ¿será de verdad tan rápido el proceso de desahucio del inquilino que no paga? Parece que no. Arrenta, Asociación para el Alquiler y el Fomento de la Vivienda, asegura que lo del desahucio en diez días es una "leyenda urbana".

En teoría, transcurrido el plazo de diez días el juez habrá de emitir un auto judicial decretando la fecha de lanzamiento (ejecución de desahucio) que se llevaría a cabo en un periodo no inferior a tres o cuatro meses. Según esta asociación, en la práctica la media habitual es de al menos seis meses.

En suma, aunque el plazo de diez días se refiere al periodo máximo para pagar la deuda, el desahucio efectivo puede demorarse un año o más en función de la saturación de los juzgados.

Para el gerente de Arrenta, Carlos Ruiz, "resulta irreal plantear que en diez días pueda gestionarse un desahucio como ahora se plantea". Se trata de procesos que, aunque no son excesivamente complejos, requieren de mucho papeleo.

Las asociaciones de consumidores se han mostrado críticas con la nueva ley. Por ejemplo, Facua-Consumidores en Acción considera que las medidas del Gobierno protegen a los propietarios, desprotegen a los inquilinos e imposibilitan la bajada de precios del alquiler de viviendas.

Facua solo comparte la necesidad de agilizar el desahucio de morosos, sobre todo de los "morosos profesionales que saltan de vivienda en vivienda", pero su portavoz, Rubén Sánchez, considera que "el 90%" de las nuevas medidas son "un peligro para el inquilino que cumple".

Por su parte, la OCU se ha mostrado partidaria de agilizar los desalojos en caso de impago, pero defiende que se mantengan los plazos establecidos para el alquiler de una vivienda para dar garantías a ambas partes.

Lo "importante", dice la Asociación para el Alquiler y el Fomento de la Vivienda, no es acortar los plazos, sino fundamentalmente que se cumplan desde el punto de vista procesal. En su opinión, al reducirse tanto el proceso, "los juzgados no tendrán margen de maniobra, como ya ocurre en la práctica, consiguiendo únicamente agravar la situación actual".