«El alcalde dice que ésa es una hipótesis basada sólo en las condiciones más desfavorables, pero eso no está escrito en ningún sitio», apunta Jesús Urrutia, uno de los vecinos afectados.El miedo se ha apoderado de los habitantes de las 82 viviendas que podrían ser derribadas. Y se han unido en la asociación Andra Mari, Gure Lurra, de la que ya son miembros unos 50 propietarios. «Esto está creando incluso traumas en la gente mayor, que vive aquí desde toda la vida», indica Jaime Urrutia, presidente de la asociación. Denuncian que se han olvidado de ellos a la hora de trazar el futuro plano del barrio. Edificios de tres a siete alturas, equipamientos o un parque tecnológico aparecen encima de donde hoy están sus casas. «No nos oponemos a que se construyan pisos sociales, pero queremos mantener nuestras vidas que, en muchos casos, dependen  de nuestras pequeñas explotaciones agrícolas», afirma Urrutia.