Condenan a 2 británicos por una operación fraudulenta de compraventa de fincas a través de empresas

La Audiencia de Málaga ha condenado a dos hombres por un delito societario y otro de apropiación indebida por organizar y preparar una operación fraudulenta para comprar unos terrenos en la localidad malagueña de Marbella a través de sociedades a un precio menor al de mercado. Se le impone a cada uno la pena de un año de prisión.

La Audiencia de Málaga ha condenado a dos hombres por un delito societario y otro de apropiación indebida por organizar y preparar una operación fraudulenta para comprar unos terrenos en la localidad malagueña de Marbella a través de sociedades a un precio menor al de mercado. Se le impone a cada uno la pena de un año de prisión.

Según se declara probado en la sentencia de la Sala, a la que ha tenido acceso Europa Press, uno de los acusados era en el año 2001 administrador solidario, junto a otras personas, de una sociedad constituida en Marbella, la cual era propietaria de cuatro fincas en un paraje de dicho término municipal.

En la resolución se precisa que los socios encargaron a varias agencias inmobiliarias y de tasación la valoración de esos terrenos y se estableció una media ponderada de seis millones de euros, acordándose proceder a la venta de las fincas, aunque nunca por un importe inferior y siempre con la aprobación de todos los socios.

Pero los acusados, sigue la sentencia, "urdieron un plan para hacerse con los terrenos a precio muy inferior al de mercado". Uno de ellos compró una empresa y el otro, como administrador solidario de la sociedad que tenía el suelo, le vendió el mismo día los terrenos a un precio de 901.518 euros.

El Tribunal señala que, una vez estuvieron los terrenos en poder de los acusados, trataron de venderlos pocos meses después a una sociedad por un precio muy superior, en concreto 9,5 millones de euros, aunque esta operación no se llevó a cabo al darse cuenta el comprador de que existía una anotación preventiva de querella sobre las fincas.

Además de la pena de cárcel, se le impone a cada uno una multa de 1.080 euros. Esta sentencia se dicta después de que las acusaciones, es decir, el fiscal y la acusación particular en nombre de la empresa propietaria original del suelo; y las defensas llegaran a un acuerdo y presentaran un escrito conjunto de conformidad.

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