Aunque no sea un titular diario, en España sigue habiendo desahucios. Familias que se quedan en la calle porque ya no pueden seguir pagando la hipoteca. Dado que el famoso Código de Buenas Prácticas del Gobierno Rajoy era solo un conjunto de buenos propósitos, muchas comunidades autónomas toman sus propias medidas.

Andalucía, que ya anunció en junio que detenía los desahucios en viviendas públicas en las que vivan personas dependientes, ha decidido ahora poner en marcha una red de oficinas para prestar asesoramiento y que servirá como servicio de prevención y atención para evitar desahucios de los propietarios de vivienda.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, asegura que la Junta de Andalucía "no tendrá neutralidad" ante estas situaciones y que se "combatirá cara a cara" los casos de desahucio.

Estas oficinas estarán ubicadas en las delegaciones provinciales y serán atendidas por funcionarios. Será una red de ocho oficinas en cada una de las provincias andaluzas y se pondrá en marcha en las próximas semanas.

Según la consejera, este programa estará regido "bajo el principio pro consumatore", de forma que "ante los recortes a los ciudadanos, la Junta defenderá el derecho de acceso a las familias a la vivienda poniéndose de parte de éstas".

En los casos de desahucio pretende poner a disposición de las familias las viviendas del parque público residencial, para que sean realojados.

La Consejería de Fomento y Vivienda ya ha reclamado por escrito a los bancos que entreguen las viviendas protegidas embargadas para que puedan reintegrarse en el parque público de vivienda, con la posibilidad de imponer sanciones si no atienden la reclamación.

Andalucía es la comunidad autónoma que encabeza la lista de desahucios en España, con 68.053 ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2011, según datos del Consejo General del Poder Judicial. En ese período se han producido más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España.