CC.OO. de Castilla y León ha calificado de "tremendo fracaso" la reforma laboral y ha exigido la retirada de los recortes en las prestaciones y subsidios por desempleo por ser "injustas, vergonzantes y de aplicación a las personas más necesitadas".

Asimismo, ha anunciado que se ha abierto un nuevo plazo para que las personas que hayan agotado las prestaciones de desempleo soliciten las ayudas económicas del programa autonómico durante el mes de septiembre, unas prestaciones con las que pueden optar a 400 euros durante cuatro meses.

Además, el sindicado considera "penoso" el recorte de más de 1.500 millones de euros en las políticas activas dedicadas a los desempleados, que se concretan en un recorte de más del 60 por ciento en los créditos que llegan a las comunidades para materias centradas en servicios de formación y orientación o fomento y creación de empleo.

CC.OO. ha afirmado que esto contrasta "claramente" con el "trato de favor" dado a los ricos y defraudadores con su "amnistía fiscal" y con el programa de "lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo", que "persigue y penaliza" al desempleado, según ha destacado.

Reclamación a la junta

Por ello, el grupo sindical ha reclamado a la Junta la formalización de la Mesa acordada de Diálogo Social sobre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en el que se den las oportunas soluciones a los recursos humanos y se garantice su futuro.

En cuanto al recorte adicional de 10.000 millones de euros en Educación y Sanidad para la gestión en las comunidades autónomas, el sindicato lo ha considerado "un ajuste bestial" para "satisfacer" las exigencias del rescate a la banca española.

CC.OO. también ha reclamado una mesa de diálogo social para acordar la reforma laboral y se ha ofrecido a realizar un Pacto de Estado de todas las fuerzas políticas y los agentes sociales, pero afirman que el Gobierno "no ha querido negociar nada".

El sindicato ha emplazado al Gobierno a que cambie o convoque un referéndum, algo que en el caso de no realizarse, haría que las organizaciones de cumbre social tuvieran que convocar una consulta popular.