La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado este miércoles, pocos días antes de que se retire la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, que "nadie va a quedar desatendido" en los centros sanitarios, aunque ha matizado que los inmigrantes en situación irregular tendrán que pagar el servicio.

Durante la apertura de una reunión en Valladolid con consejeros de nueve autonomías, Mato ha expresado que la asistencia sanitaria "se seguirá prestando a todo el que lo necesite" por medio de los "procedimientos de gestión" que desarrollarán las comunidades autónomas "sin que por ello se genere ningún derecho, que pueda dar lugar a ciertos abusos ni que ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema".

Mato ha considerado que el pago del servicio sanitario por aquellos ciudadanos que no tengan tarjeta no supone novedad; ha recordado que este precepto estaba ya previsto en la Ley General de Sanidad de 1986 y ha subrayado que el modelo propuesto garantiza la asistencia a todos los menores y las mujeres embarazadas.

Además, ha insistido en que está garantizada la prevención y el control de enfermedades transmisibles a través de los programas de salud pública, así como los tratamientos de urgencia y el seguimiento de los crónicos "para extranjeros sin cobertura asistencial y sin residencia legal".

"No es una cuestión de ajuste económico, se trata de cumplir con el reglamento europeo y con las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas", ha remarcado Mato, convencida de que con estos cambios en el marco legal del aseguramiento se garantiza "el principio de reciprocidad" cuando los españoles viajan al extranjero.

La ministra ha afirmado que estas medidas van a servir para "poner freno al turismo sanitario", que según los cálculos del Tribunal de Cuentas utilizados por Mato ha costado a España cada año más de mil millones de euros.

Desde el sábado, los inmigrantes ilegales tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.

Las organizaciones en defensa de los inmigrantes, integradas en la plataforma "Tenemos derecho a la salud sin condiciones", se manifestarán el sábado en varias ciudades para exigir al Gobierno que retire el decreto.

País Vasco, Andalucía, Asturias y Cataluña son las cuatro comunidades autónomas que, en contra de la ley, seguirán atendiendo a los inmigrantes en situación irregular. El resto aplicarán lo dictado por el Gobierno, aunque algunas buscan resquicios legales dentro de sus competencias para esquivar el mandato.

Además, los facultativos de Urgencias y Emergencias han advertido de que estos servicios se colapsarán cuando los indocumentados solo tengan esta vía para resolver una enfermedad común.